Cepsa congela sus inversiones en España por el impuesto extraordinario y se marcha a otros países

Fuentes de la compañía, la segunda petrolera del país, indicaron a Europa Press que "está valorando el impacto que puede tener un incremento de su fiscalidad si se aprueba un nuevo impuesto permanente", y subrayaron que, si esto se materializa, "provocaría un efecto muy relevante sobre la rentabilidad de los proyectos de hidrógeno, por lo que tendría que ralentizar las inversiones previstas en España y dar prioridad a proyectos de hidrógeno verde en otros países que, inicialmente, tenía planificados en una expansión internacional para una segunda fase del plan estratégico `Positive Motion`".

El grupo controlado por Mubadala, el fondo soberano de Abu Dabi, y el fondo de inversión estadounidense Carlyle cuenta como proyecto emblema con el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, que está previsto que se erija en uno de los mayores centros de producción de hidrógeno verde de Europa para descarbonizar la industria, la aviación y el transporte marítimo y terrestre pesado, y convertir a España en un país exportador de energía sostenible.

Este proyecto prevé una inversión de 3.000 millones de euros y la creación de 10.000 empleos, entre directos, indirectos e inducidos. Para producir este vector energético, Cepsa utilizará electricidad renovable y aguas residuales para reducir el consumo de agua dulce y promover la economía circular.

A pesar de esta decisión, las mismas fuentes precisaron que la transformación en marcha de Cepsa "es irreversible para lograr que más de la mitad de su beneficio provenga de actividades sostenibles en 2030".

Según adelanta este viernes el diario `Expansión`, Cepsa tiene ya identificados proyectos en Argelia, Marruecos, Brasil y Estados Unidos que van a acelerarse si finalmente quedan liberados recursos en España por culpa del llamado coloquialmente como `impuestazo`.

La pasada semana, el Gobierno anunció que incluía entre los compromisos remitidos a Bruselas el mantenimiento de "manera permanente" de los gravámenes extraordinarios sobre las energéticas y la banca.

Inicialmente aprobados para dos ejercicios -2023 y 2024- debido al impacto por la crisis por la guerra en Ucrania, el Gobierno ha ingresado más de 2.400 millones de euros del sector energético en estos dos años por esta partida.

Cepsa ha sido uno de los grupos más damnificados por este gravamen en los dos últimos ejercicios. De hecho, en 2023, cerró en unas pérdidas de 233 millones tras pagar más de 320 millones de euros por el impuesto.

RECHAZO FRONTAL DEL SECTOR.

Este jueves, la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) -la patronal de las grandes petroleras de la que forman parte la propia Cepsa, Repsol, Galp, Disa o BP, entre otras- ya mostró su rechazo a un impuesto permanente al sector energético y advirtió de que este gravamen o la falta de claridad sobre el horizonte fiscal podía "desalentar las inversiones en el país", poniendo en peligro los 16.000 millones de euros que prevé abordar el sector para su descarbonización hasta 2030.

Además, Cepsa sigue así los pasos de Repsol en su oposición frontal a la posibilidad de que este tributo pueda perpetuarse en el tiempo.

La compañía dirigida por Josu Jon Imaz anunció esta misma semana su decisión de invertir 15 millones de euros en un nuevo proyecto de hidrógeno renovable en su Complejo Industrial de Sines, en Portugal.

Ya hace un año, había dejado clara su intención de situar en `barbecho` el llevar a cabo el proceso inversor en algunos de sus proyectos industriales en distintas zonas del territorio español hasta contar con unas condiciones estables y suficientemente atractivas para garantizar la rentabilidad.

De hecho, a finales de octubre de 2023, en un conferencia con analistas, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ya indicó que la compañía contaba con "otras alternativas", como Portugal, donde podría tener actividad internacional en su negocio industrial.

Repsol mantiene así en el aire unas inversiones cercanas a unos 1.500 millones de euros que podrían afectar a proyectos en cartera del grupo en Euskadi, Tarragona (Cataluña) y Cartagena (Murcia).