PP y PRC presentan una proposición de Ley de Patrimonio Cultural "moderna, ágil y participativa"

El Grupo Parlamentario Popular y el Regionalista han registrado conjuntamente, por primera vez en esta legislatura, una proposición de Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria "moderna, ágil y participativa" para actualizar la vigente de 1998, con el fin de reducir la burocracia, digitalizar los registros y aumentar la inversión obligatoria del presupuesto de Obras Públicas hasta el 2% del total, además de un 1% adicional específico para la rehabilitación paisajística y cultural.

El anteproyecto nace de la "escucha activa" a los colectivos implicados en la defensa del patrimonio y es fruto de "meses de trabajo y borradores", en los que estuvo implicado el diputado regionalista Javier López Marcano, fallecido el pasado 2 de abril, y que fue la última iniciativa legislativa en la que participó.

El documento se registró en el Parlamento de Cantabria la pasada semana y cuenta con 148 artículos, 27 disposiciones adicionales, 14 transitorias y siete finales. Asimismo, se presentarán dos enmiendas al texto registrado.

El objetivo de PP y PRC es que, tras las aportaciones del resto de grupos y de los colectivos sociales, la norma se apruebe "a la mayor brevedad posible".

Así lo han presentado este miércoles los diputados del PP Juan José Alonso y Miguel Ángel Vargas y del PRC Paula Fernández y Javier López Estrada, en una rueda de prensa celebrada en la Cámara regional, donde han desgranado los detalles de esta futura norma que surge del acuerdo alcanzado entre ambas partes para aprobar el Presupuesto General de Cantabria para 2026.

Entre las novedades, se encuentran la creación del Consejo Cántabro de Cultura y Patrimonio, que tendrá una voz permanente en la gestión y elaborará informes vinculantes; el nuevo Archivo Histórico de Cantabria, la Memoria Audiovisual y el Departamento Digital, que se integrarán en una única plataforma; y el reconocimiento por primera vez del Patrimonio Industrial y el Científico-Tecnológico en una categoría propia de protección.

Además, creará la categoría reforzada para los Bienes de Interés Cultura (BIC) más vulnerables; protegerá el patrimonio lingüístico y la toponimia; aumentará la regulación sobre los detectores de metales; todo hallazgo arqueológico pasará a formar parte del dominio público desde su descubrimiento e incorporará la figura del arqueólogo habilitado.

En el apartado municipal, obligará a los ayuntamientos a realizar un inventario de caminos rurales, tradicionales e históricos y el paisaje pasará a ser un BIC. Para ayudar a cumplir la ley, se creará una red de técnicos que asistirá a las entidades locales.

LÓPEZ MARCANO

El portavoz parlamentario popular, Juan José Alonso, ha asegurado que la ley de 1998 ha sido "muy útil", pero el contexto es "distinto" debido a las "necesidades de conservación, orientación, divulgación y gestión" del patrimonio cultural cántabro. En este sentido, ha afirmado que el garantiza "la máxima protección, evita que la burocracia se convierta en un obstáculo insalvable y ofrece mayor seguridad jurídica". Asimismo, ha reconocido el trabajo "cómplice, sincero y leal" de López Marcano.

Por su lado, la candidata regionalista a las elecciones de 2027, Paula Fernández, ha señalado que tras salir elegida encargó esta ley personalmente a López Marcano, quien ya había participado en la elaboración de la de 1998. Según Fernández, el texto lleva "su legado político, su influencia y su pasión por la cultura de nuestra tierra" y se ha mostrado "orgullosa" porque "pondrá a Cantabria a la vanguardia en la protección" del patrimonio cultural.

El `popular` Miguel Ángel Vargas ha destacado que la norma vigente es "escasa", pero la nueva "mantiene su esencia y amplía conocimientos", gracias a un marco administrativo "más ágil, eficiente y colaborativo" para que los propietarios de un bien catalogado "no lo vean como una condena o una carga, sino como una oportunidad". También, ha asegurado que el nuevo Consejo reducirá los tiempos de espera de los procesos del ámbito cultural de la Administración regional.

Mientras tanto, López Estrada (PRC) -hijo de López Marcano- ha reseñado el "pragmatismo" del proyecto, que lleva "en el corazón" la eficiencia administrativa y el respaldo económico para que sea "útil y ejecutable". Además, ha apuntado que busca actuar "antes de que el deterioro sea irreversible". Y, por ello, cree que se trata de una iniciativa "moderna, participativa y, sobre todo, ambiciosa, que asegura que lo que somos hoy sea el orgullo de quienes vengan mañana".

Los representantes de ambos partidos han invitado a los grupos parlamentarios Socialista y Vox a mejorar la norma con sus enmiendas y a los colectivos de defensa del patrimonio a participar en las comparecencias, porque al tratarse de una iniciativa salida de los grupos parlamentarios no ha contado con un proceso previo de participación pública.