Guardan silencio las constructoras cántabras investigadas por Competencia por presuntas prácticas prohibidas

Varias de las constructoras cántabras a las que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto expediente sancionador por presuntas prácticas prohibidas optan por guardar silencio.

Por esta postura se han decantado representantes de algunas de las empresas implicadas contactadas por Europa Press, que han declinado realizar cualquier valoración sobre el procedimiento iniciado por la CNMC, al menos hasta ver cómo evolucionan los acontecimientos.

La CNMC aún no ha hecho pública las constructoras cántabras a las que se ha expedientado, si bien, según ha publicado El Diario Montañés, serían al menos una docena.

Además, según adelantó Onda Cero, cuatro empresarios del sector estarían siendo investigados a título personal por un posible reparto de licitaciones de obra pública que, según público esta emisora, se podrían enfrentar a sanciones de hasta 60.000 euros.

También han declinado realizar cualquier valoración al respecto desde la Consejería de Fomento del Gobierno de Cantabria por tratarse de una investigación de la que, según han explicado fuentes de este departamento, están al margen y de la que no saben más que lo publicado en los medios de comunicación.

Varias de estas constructoras tienen contratos con administraciones de la comunidad autónoma.

Tampoco se ha pronunciado la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria ya que, según ha asegurado a esta agencia, no conocen ni el "contenido" de la investigación, ni el "alcance" de la misma y tampoco de qué se le acusa a cada empresa.

El que hasta ahora ha sido presidente de la asociación, Javier Palomera, presentó formalmente su cese en la última reunión de la Junta Directiva, justo antes de que medios regionales anunciaran que varias constructoras y empresarios del sector estaban siendo investigados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por prácticas prohibidas.

Según manifestó la asociación, Palomera, que según lo publicado por Onda Cero sería uno de los empresarios investigados a título personal por el reparto de licitaciones de obra pública, presentó su dimisión "de manera libre, consciente y responsable", y con el único propósito de "preservar el buen funcionamiento de la asociación, garantizando que la actividad ordinaria, la representación institucional y la continuidad de los proyectos en curso no se vean perjudicados por su imposibilidad sobrevenida de dedicar al cargo la atención y disponibilidad que exige".

A partir de ahora, será la Vicepresidencia de la entidad quien asuma interinamente las funciones de la Presidencia, que recaen conjuntamente en Juan de Miguel García (SIEC), Gervasio Pinta (Construcciones Pinta) y José Ángel Agudo (Rocacero).

Desde la asociación han explicado que tras la dimisión de Palomera se iniciará un nuevo proceso para elegir al nuevo presidente.

La cuestión se abordará en la próxima Junta Rectora, prevista para abril, y, después en una Asamblea General en mayo, con la que se abriría este proceso.

Desde la CNMC no han concretado, por ahora, ni el nombre ni el número de las constructoras a las que se ha abierto expediente y tampoco las causas concretas hasta que no culmine el procedimiento reglado en este tipo de casos y todas las partes implicadas estén notificadas.

En abril de 2025, Competencia informó de la investigación de un posible reparto en diversas licitaciones de obra civil, edificación y otros servicios de construcción en Cantabria convocadas por organismos públicos nacionales, autonómicos y/o locales.

Para ello, entre el 25 y el 27 de marzo de ese año, inspeccionó las sedes de varias compañías del sector, aunque sin ofrecer ningún tipo de datos acerca de cuáles se trataba.

En ese momento, matizó que estas inspecciones suponían un paso previo al posible inicio de un expediente sancionador y no prejuzgaban el resultado de la investigación ni la culpabilidad de las empresas afectadas.

Según indicó entonces, los acuerdos entre competidores constituyen una infracción muy grave de la normativa de competencia (LDC), que puede conllevar multas de hasta el 10% del volumen de negocio total de las empresas.

Señaló que la investigación de los cárteles es una de sus prioridades de actuación por la gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores y el funcionamiento de los mercados.