El CES, de la unanimidad en su creación a la desunión total en su constitución y en peligro de naufragar

Los grupos del Parlamento de Cantabria han evidenciado este lunes en el Pleno sus discrepancias sobre el recién constituido Consejo Económico y Social (CES) y la polémica que se ha generado por la decisión de CC.OO, UGT y CEOE de no participar en él.

Mientras PRC y Cs han sido los más críticos con estos dos sindicatos y la patronal por no querer estar en este nuevo CES y les han acusado de "incumplir la ley", de "boicot", "vetos" y "chantaje", el PP y Vox han culpado al Gobierno de regionalistas y socialistas de todo lo que está ocurriendo alrededor de este órgano consultivo y de participación.

Por su parte, el PSOE no ha querido entrar en polémicas sobre la decisión de CC.OO, UGT y CEOE y su portavoz, Noelia Cobo, se ha limitado a resaltar "las grandes mejoras" que han propiciado acuerdos alcanzados con CC.OO, UGT y la CEOE en el marco del diálogo social en España, recordando la reforma laboral o medidas de protección social para paliar los efectos de la pandemia.

En la parte más dura, PRC y Cs han censurado y rechazado las razones esgrimidas por estas organizaciones para salirse del CES, como son sus protestas a la representatividad que tienen en este órgano consultivo y de participación otras sindicatos, como USO, o determinadas asociaciones o colectivos de empresarios.

Al respecto, el portavoz regionalista, Pedro Hernando, ha subrayado que el Parlamento aprobó en 2018 por unanimidad de los grupos que entonces lo integraban (PP, PRC, PSOE, Cs y Podemos) la ley por la que se recuperó el CES --que había sido suprimido por el PP-- y en la que se estableció una nueva composición de este órgano para hacerlo "más plural" y "más representativo".

"Todo es modificable, pero todo en esta Cámara. Nada fuera de ella", ha advertido Hernando en referencia a la composición de este órgano de consulta y participación institucional, que ha recordado a CC.OO, UGT y CC.OO que "hay que cumplir la Ley" porque --ha dicho-- "quien incumple la ley no tiene legitimidad para plantear cambios en la misma". Además, ha advertido a los tres que "no van a conseguir" hacer que el CES no cumpla la función para la que ha sido creado.

Por su parte, el diputado de Cs Diego Marañón se ha preguntado si a CC.OO, UGT y a la CEOE "no les gusta la pluralidad". "¿O igual hay alguien que no le gusta un CES austero y que no se parezca más al de épocas pasadas?", ha apostilaldo.

El diputado `naranja` ha criticado que desde la patronal se sugiera que se suprima una parte de los actuales componentes del CES, "pretendiéndose arrogar", según ha dicho, una competencia que no tiene" la patronal.

A su juicio, lo que están haciendo estas tres entidades al salirse del CES es un "chantaje" para presionar que se modifique la ley que establece la composición del CES, algo que, según ha dicho, Cs no va a hacer.

Además, ha asegurado que su partido "no va a validar que haya organizaciones que reciben dinero público de los Presupuestos que cuando haya una ley que no les guste la puedan no cumplir". "Mientras la ley está en vigor y no se modifique hay que cumplirla todos, como cualquier ley", ha insistido.

"Si UGT, CC.OO y CEOE no cumplen la ley es su problema. Pero ahora bien, señorías del Gobierno: recuéndenlo cuando vengan los Presupuestos. Financiar a quienes no quieren cumplir la ley está muy alejado de la ética y de lo que tiene que hacer un buen gobernante", ha dicho Marañón.

PP Y VOX CRITICAN AL GOBIERNO

Por su parte, el PP y Vox han culpado al Gobierno de lo que está ocurriendo en el CES. Así, los `populares` han opinado que todo lo que está sucediendo con este órgano es "cuanto menos dramático y vergonzoso".

Además, la diputada del PP advertido que el Gobierno PRC-PSOE ha modificado la composición establecida por la ley de 2018 a través de los cambios introducidos aprovechando las `leyes de acompañamiento` a los Presupuestos. A su juicio, esto hace que el Consejo Económico y Social ya no sea "el CES del Parlamento" y la "unanimidad", sino el "CES de regionalistas y socialistas".

También Urrutia ha afeado al Gobierno la forma en que se produjo el acto de constitución del CES el pasado 8 de marzo, en el cual no estuvo la consejera con competencias en materia de participación Paula Fernández y no se incluyó ni en la agenda pública del Ejecutivo.

Por su parte, Vox considera que la "no presencia" de CC.OO, UGT y CEOE "es una forma de tomar posición política" y cree que la configuración que se le ha dado al CES lo permite. Así, a juicio de este partido, ve "absurdo" que el PRC diga ahora "que quien no acuda al toque de corneta no cumple la ley".

`SÍ` AL INFORME DEL CES SOBRE LA NUEVA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

El tema de la polémica sobre la ausencia de CC.OO, UGT y CEOE del CES ha salido a relucir a raíz de una proposición no de ley del PRC para pedir que, dentro del `nuevo` Consejo Económico y Social se cree una comisión de trabajo para que redacte un informe sobre el impacto socioeconómico de la futura financiación autonómica y sus implicaciones para Cantabria y que, posteriormente, comparezca y lo exponga en el Parlamento.

Para crear esta comisión de trabajo para elaborar el informe, el PRC reclamaba convocar un pleno del CES, "con asistencia de todos los miembros legalmente obligados por ley".

Dicha iniciativa, ha salido adelante por la mayoría que PRC y PSOE tienen en la Cámara y además de con el apoyo de Cs. Mientras, Vox ha votado en contra y el PP se ha "abstenido", no por la petición del informe en sí, sino porque ve "oscuras" razones e intenciones en la iniciativa regionalista.

"Dígame la intencionalidad de esto porque no hay quien lo entienda", ha pedido Urrutia a Hernando. Para la popular, "esto huele muy mal" y cree que el PRC, con su iniciativa, lo que pretende es "trasladar" al Parlamento "un problema del Gobierno".

Vox ha censurado que la PNL del PRC mezcla "temas distintos que poco tienen que ver uno con el otro", como son por un lado lo relativo a la financiación autonómica y el informe que se pide y por otro la composición del CES, dando lugar a una iniciativa que, a su juicio, "roza el ridículo" y es un "intento de instrumentalizar al Parlamento frente a las instituciones de la sociedad civil a las que se pretende obligar a acudir al CES que se ha creado".