Carmen Sánchez Morán, Pilar Martín Nájera y Victoria Ortega, en la Comisión que estudiará los delitos sexuales

   La abogada penalista cántabra María del Carmen Sánchez Morán; la exfiscal superior de Cantabria Pilar Martín Nájera, fiscal de Sala Delegada contra la Violencia sobre la Mujer del Tribunal Supremo; y Victoria Ortega Benito, exdecana del Colegio de Abogados de Cantabria y presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, forman parte de la comisión que revisará los delitos de abuso y agresión sexual en el Código Penal tras la polémica sentencia de `La Manada`.

   Sánchez Morán y Martín Nájera han sido designadas como vocales permanentes de la Sección de Derecho Penal de la Comisión General de Codificación, mientras que Victoria Ortega, máxima representante de los abogados españoles, ha sido designada para esta labor por su condición de vocal nata de la Comisión General de Codificación.

   Naturales de Palencia, tanto Martín Nájera como Victoria Ortega han desarrollado buena parte de su carrera profesional en Cantabria. La primera fue nombrada fiscal superior en esta comunidad autónoma en el año 2000, siendo la primera mujer en dirigir una Fiscalía Superior. Y Victoria Ortega fue decana del Colegio de Abogados de Cantabria entre los años 2000 y 2008, siendo también la primera mujer que accedía al cargo de decana de la institución colegial cántabra.

   El pasado mes de abril Ortega se refirió a la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra que condena a nueve años a los cinco integrantes de `La manada`, por abusar sexualmente de una joven, y afirmó que "el concepto de violencia que se recoge en el Código Penal para los delitos de naturaleza sexual contra las mujeres es absolutamente arcaico y estereotipado".

   Ortega señalaba la necesidad de transformar la concepción tradicional de los textos punitivos españoles porque, a su juicio, no se está ante una violencia aleatoria, ya que el factor de riesgo es ser mujer.

   Además, recordaba que en las casi 30 reformas del Código Penal realizadas desde 1995 no se ha aplicado la perspectiva de género. "Es hora ya de acabar con la idea de que una relación sexual con una persona privada de sentido o que no es capaz de manifestar su oposición es menos grave. Bastaría, en línea con Naciones Unidas, con un tipo general para agresiones sexuales, agravado con determinadas circunstancias. Bastaría con aplicar, de una vez la perspectiva de género en la justicia. Bastaría con escuchar, para así responder, a las mujeres", subrayaba.

   Por su parte, la Fiscal de Sala Delegada contra la Violencia sobre la Mujer del Tribunal Supremo afirmó que en el caso de `la Manada`, hubo intimidación a la víctima por "superioridad física" de los agresores, el "sitio angosto" en el que se cometió el delito y el hecho de que ella estuviera "bajo la influencia de bebidas alcohólicas".

   Para Martín Nájera, la víctima "no consintió en absoluto" y destacó que el ministerio público consideró que se cometió agresión sexual.

  15 MUJERES Y 13 HOMBRES

   La comisión que revisará los delitos de abuso y agresión sexual en el Código Penal estará integrada por 12 mujeres y 13 hombres con la condición de vocales permanentes; otras dos mujeres como vocales adscritas y, junto a ellas, la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española como vocal nata de la comisión.

   Según el Ministerio de Justicia, con los nombramientos efectuados "se logra una representación equilibrada de mujeres y hombres en este órgano asesor" que deberá pronunciarse sobre materias de especial sensibilidad como la libertad sexual de la mujer y la tipificación que se hizo en el Código Penal de 1995 de los delitos de abuso y agresión sexual.

   El ministro de Justicia, Rafael Catalá, encomendó a este órgano el estudio de los delitos sexuales tras la sentencia que condena a los cinco miembros de La Manada por abuso sexual y les absuelve del de agresión. Se generó polémica debido a que inicialmente estaba formado únicamente por hombres, concretamente por 20, aunque después dos de ellos renunciaron.

   De hecho, en la primera reunión de la comisión se acordó por unanimidad pedir al Ministerio de Justicia una reestructuración del órgano judicial que garantizase el equilibrio entre hombres y mujeres en su composición, antes de empezar cualquier trabajo.

   Para garantizar una composición lo más equilibrada posible dimitieron otros cinco miembros de los 18 hombres que integraban la comisión de manera permanente hasta ahora.

   Según los estatutos de la Comisión General de Codificación, el número de vocales permanentes asignados a la sección no puede exceder de 30. Los nuevos nombramientos garantizan la paridad y, además, se suman tres mujeres expertas para colaborar de manera temporal en el estudio de los delitos sexuales.