Cantabria rechaza participar en la Sectorial de Infancia por "ilegal" al "no respetar" el orden del día aprobado

SANTANDER, 8 (EUROPA PRESS)

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del Gobierno de Cantabria, Begoña Gómez del Río (PP), ha rechazado participar en el Pleno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia convocado por el Ministerio de Juventud e Infancia (Sumar) este miércoles al considerar que la reunión es "ilegal" por "vulnerar el procedimiento legal establecido" y "no respetar el orden del día previamente aprobado".

Así lo ha manifestado a primera hora de esta tarde en un comunicado, después de que la Sectorial no se haya podido celebrar por falta de quórum tras el 'plantón' de las comunidades y ciudades autónomas del PP, excepto Canarias y Ceuta.

La consejera cántabra ha subrayado que la convocatoria "incumple" los requisitos formales "al no respetar el orden del día previamente aprobado por la Comisión Sectorial", lo que, ha advertido, "invalidaría cualquier medida que se adopte en el seno de la misma".

"No podemos participar en una reunión que no respeta las normas básicas de funcionamiento de los órganos colegiados. El orden del día debe ser acordado previamente y no puede modificarse de forma unilateral", ha aseverado.

Asimismo, el Ejecutivo ha lamentado que el Ministerio "pretenda impulsar iniciativas" como el Real Decreto sobre la capacidad de los sistemas de protección "sin el consenso necesario de las comunidades autónomas".

Y es que la ministra del área, Sira Rego, ha sostenido que, pese a la cancelación del encuentro, la prórroga del Real Decreto seguirá adelante, con la actualización de cifras, y será elevado "de manera inminente" al Consejo de Ministros.

SIN PLANIFICACIÓN NI FINANCIACIÓN

Al respecto, y más allá de las cuestiones formales, Cantabria ha manifestado su "preocupación" por el modelo de reparto de menores migrantes no acompañados "impuesto" por el Gobierno de España.

De este modo, Gómez del Río ha lamentado que el actual modelo de distribución "se está llevando a cabo sin planificación, sin tener en cuenta la realidad de los recursos disponibles en cada comunidad autónoma y sin financiación suficiente", y ha alertado de que este enfoque "dificulta una atención adecuada".

En este sentido, ha subrayado que "no se puede proteger adecuadamente a un menor si se le traslada como si fuera mercancía, sin una evaluación individualizada de su situación ni la garantía de los fondos necesarios para su atención integral".

Y ha advertido que el sistema de protección en Cantabria, "como en otras regiones, se encuentra colapsado", a la vez que ha rechazado que "se impongan traslados sin dotación económica adecuada".

"No se puede garantizar el interés superior del menor si no se evalúa su situación individual ni se aseguran los recursos necesarios para su atención integral", ha incidido la consejera.

DEFENSA DE COMPETENCIAS AUTONÓMICAS E INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR

Al hilo, el Gobierno de Cantabria ha indicado que las comunidades autónomas tienen competencias exclusivas en materia de asistencia social y protección de menores, y considera que estas decisiones del Ejecutivo central suponen "una invasión competencial".

Asimismo, ha puesto de relieve la importancia de que los procedimientos de traslado de menores se realicen "con todas las garantías, incluyendo la motivación suficiente de las decisiones y la evaluación individualizada de cada caso".

Por otra parte, el Ejecutivo cántabro insiste en que cualquier actuación en materia de infancia "debe situar en el centro el interés superior del menor, evitando decisiones automáticas o generalizadas".

"Los menores no pueden ser objeto de decisiones administrativas sin un análisis individualizado de sus circunstancias personales, familiares y sociales", ha destacado la titular de Inclusión Social.

FRENTE LEGAL

La Consejería ha reiterado su "preocupación" por el actual marco normativo y de gestión en materia de protección de menores migrantes no acompañados, al considerar que "afecta a las competencias autonómicas y a la sostenibilidad del sistema de protección".

En este sentido, Cantabria ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto-Ley 2/2025, al entender que "invade competencias exclusivas de la comunidad autónoma en materia de asistencia social y protección de menores", además de "comprometer el principio de autonomía financiera al imponer obligaciones de gasto no previstas".

Asimismo, ha recurrido ante la Audiencia Nacional distintos reales decretos estatales relacionados con la gestión de situaciones de contingencia migratoria y con la determinación de la capacidad ordinaria de los sistemas de protección autonómicos.

De forma paralela, ha presentado recursos contencioso-administrativos contra resoluciones de traslado de menores, al considerar que "no se están garantizando las debidas motivaciones ni la evaluación individualizada de cada expediente".

En este contexto, el Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga incide en que cualquier actuación en materia de traslados "debe respetar el interés superior del menor, garantizar la seguridad jurídica y evitar procedimientos automatizados o sin suficiente fundamentación individualizada".