Cantabria aprueba la nueva Oficina Fiscal para adaptarse al modelo organizativo de la reforma de la Justicia

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves el decreto que regula la organización y el funcionamiento de la nueva Oficina Fiscal de Cantabria, el órgano de soporte que presta apoyo a la actividad del Ministerio Fiscal en la comunidad autónoma.

La norma adapta la estructura de la Fiscalía al modelo previsto en la Ley Orgánica 1/2025 y establece un marco organizativo orientado a mejorar la coordinación interna, la especialización de funciones y la eficiencia en la gestión de los recursos al servicio de la Administración de Justicia.

El consejero de Presidencia y Justicia, Juan Sáez, ha valorado el paso dado por su departamento con este nuevo modelo organizativo para la Fiscalía, que ayudará a prestar un servicio público "de mayor calidad y más adecuado a los tiempos actuales", y ha recordado que su creación era una petición "continuamente reiterada" por los distintos fiscales superiores de la comunidad en los últimos años.

De hecho, Cantabria era la única comunidad con competencias en materia de justicia que todavía no había regulado la estructura y organización de la Oficina Fiscal, ha señalado.

Además, la aprobación de esta norma estaba incluida entre los compromisos recogidos en el primer Pacto para la Justicia en Cantabria y con ella se culmina el proceso de cambio y adaptación de las estructuras de la administración de Justicia en Cantabria.

La nueva organización se articula en tres grandes áreas funcionales: apoyo a la jefatura, soporte general y apoyo procesal y a la investigación. Esta estructura permitirá una distribución más ordenada de las funciones y una mejor organización de los medios personales y materiales que prestan servicio en el ámbito de la Fiscalía.

Entre las principales novedades incorporadas por el decreto figura la creación de la figura del coordinador de la Oficina Fiscal, encargado de la organización y gestión interna del personal bajo la dirección del fiscal superior, así como la implantación de un puesto específico de control de registro, estadística y calidad, destinado al seguimiento de la actividad y a la mejora continua de los procedimientos.

La Oficina Fiscal de Cantabria dará cobertura a la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma y a las secciones territoriales de Torrelavega y Laredo. Además, incorpora mecanismos de coordinación con la Oficina Judicial y con el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cantabria, con el objetivo de favorecer una gestión más integrada de los procedimientos y optimizar el uso de los recursos disponibles.

Asimismo, el decreto contempla la utilización de herramientas tecnológicas, la implantación de sistemas de gestión de calidad y el desarrollo de protocolos de actuación homogéneos para el conjunto de la organización.

Estas medidas están orientadas a facilitar el funcionamiento de los servicios de apoyo a la Fiscalía y a reforzar la eficiencia organizativa dentro del nuevo modelo de Justicia previsto por la normativa estatal.

El consejero ha señalado que la aprobación de este decreto permite adaptar la organización de la Fiscalía en Cantabria al nuevo marco establecido por la legislación estatal y dotar a este servicio de una estructura adecuada a las necesidades actuales de la Administración de Justicia.

Asimismo, ha destacado que la nueva Oficina Fiscal incorpora instrumentos de coordinación, especialización y gestión que contribuirán a mejorar el funcionamiento interno de la Fiscalía y la prestación de los servicios de apoyo a la actividad del Ministerio Fiscal en Cantabria.

Este nuevo texto legal regulador de la Oficina Fiscal ha sido consensuado con la Fiscalía Superior de Cantabria y también se ha negociado con los sindicatos, dado que su implantación se articulará a través de las relaciones de puestos de trabajo.

Precisamente, la entrada en funcionamiento de la nueva Oficina Fiscal se producirá una vez aprobada la correspondiente relación de puestos de trabajo y culminados los procesos de acoplamiento del personal previstos en la norma tareas ambas que se van a acometer de forma inmediata.