WWF denuncia a la Fiscalía la decisión "unilateral" de Cantabria de cazar diez lobos

A juicio de la ONG, la extracción de ejemplares se va a llevar a cabo "ilegalmente", pues está "expresamente prohibido" al figurar el lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, el LESPRE, desde el pasado otoño.

Por eso, ha acudido al ministerio público, para que investigue el incumplimiento de la normativa y un posible delito contra la fauna, y recabe toda la información sobre las personas que van a participar directa o indirectamente en la muerte de los ejemplares, indica en un comunicado WWF, en el que avanza que está estudiando medidas a adoptar para impedir la muerte de lobos en pleno período reproductor.

La organización rechaza la autorización de la Consejería que dirige Guillermo Blanco (PRC), que considera "un pulso" al departamento encabezado por Teresa Ribera (PSOE). Cree que el objetivo de la medida es "perpetuar el conflicto y mantener un modelo de gestión obsoleto, demostradamente ineficaz y que, además, actualmente es ilegal".

En este sentido, denuncia que la comunidad autónoma pretende matar los diez lobos anunciados usando las medidas excepcionales previstas en la normativa, pero "sin demostrar que se cumplen ninguno de los criterios que exige la ley y sin haber realizado esfuerzos para impulsar las medidas de coexistencia".

"Cantabria se sigue aferrando a un modelo obsoleto que se centra en matar lobos con la excusa de reducir daños al ganado, algo que está científicamente demostrado que no funciona y que, además, ha sido inútil en años anteriores cuando se han llevado a cabo estos controles", sostiene WWF, que lamenta que el Ejecutivo autonómico haya "renunciado a impulsar las medidas preventivas que pueden ser realmente eficaces a la hora de reducir daños".

En este punto, asegura que "solo cuatro explotaciones de las más de cien afectadas" por los ataques y daños del lobo al ganado en los que se sustenta la decisión de cazar una decena de ejemplares estarían aplicando "alguna medida de prevención".

"La falta de voluntad del Gobierno regional para prevenir los ataques del lobo al ganado se pone de manifiesto por el hecho de que la última convocatoria de ayudas para este tipo de medidas tan solo estuvo abierta diez días", agrega la ONG, que censura que el Ejecutivo regional "no quiera asumir que el estatus legal de la especie ha cambiado en España" e "ignore" las recomendaciones de la Comisión Europea.

"El lobo se ha convertido en un rehén político y la decisión unilateral de matar lobos de manera ilegal es un desafío por parte del Gobierno de Miguel Ángel Revilla al Gobierno central y a toda la sociedad que apoya masivamente la protección de la especie", concluye.