Sánchez intenta desde el Congreso una reforma alegal para conseguir una mayoría sanchista en el CGPJ para renovar el TC a su gusto

El Gobierno impulsó la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) aprobada en marzo de 2021 que prohibía al órgano de gobierno de los jueces realizar nombramientos discrecionales en la cúpula judicial estando en funciones, situación en la que se encuentra desde diciembre de 2018.

Cuatro de los doce magistrados de la corte de garantías caducaron el pasado domingo su mandato con la incertidumbre sobre cuándo y cómo serán sustituidos. La Constitución dicta que este tercio deben renovarlo Ejecutivo y Consejo General del Poder Judicial, proponiendo dos candidatos cada uno, pero la falta de acuerdo entre PSOE y PP para pactar un nuevo CGPJ ha provocado que el actual no pueda nombrar a los suyos, lo que arroja dudas sobre si Moncloa puede actuar sola.

La Constitución establece en su artículo 159 que "los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres", siendo nombrados por el Rey "cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial".

Del tenor literal del precepto se desprende que la Carta Magna obligaría a renovar por tercios completos, de modo que tanto el Ejecutivo como el CGPJ tendrían que postular a sus dos magistrados para presentar un `pack` cerrado. No obstante, fuentes de la corte de garantías consultadas por Europa Press subrayan que se trata de una cuestión jurídica compleja que habrá que analizar en profundidad llegado el caso.