Prorrogado hasta diciembre el refuerzo del Juzgado 5 de Santander que investiga la trama de Obras

El refuerzo del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Santander, que investiga la trama de Carreteras de Cantabria, se ha prorrogado durante tres meses más, hasta el 31 de diciembre de este año.

Dicho refuerzo, de una funcionaria que apoya a la gestora encargada de esta compleja causa, acababa a priori el pasado 30 de septiembre, pero continúa, según han informado fuentes del Gobierno a Europa Press.

Así, se ha prolongado, al igual que la propia instrucción de esta causa, por tercera vez pero durante seis meses más, hasta el 1 de abril de 2025.

La titular del Juzgado lo ha acordado así porque las actuaciones se encuentran pendientes de parte de las declaraciones de los investigados, cuya práctica comenzó el pasado 19 de septiembre y aún no han finalizado.

También, de la ratificación de los informes periciales económicos aportados por una de las defensas por parte de los peritos de una empresa que presta servicios de auditoría, fiscales y de asesoramiento legal, financiero y de negocio.

Y a lo anterior hay que añadir que las defensas han anunciado la futura aportación a la presente causa de diversos informes periciales, tanto económicos como relativos a los expedientes administrativos que están siendo investigados a la vista del contenido del informe final emitido por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal UDEF-BBCA.

Así las cosas, "resulta previsible que no será posible finalizar la presente instrucción" en el plazo máximo de los doce meses señalado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde el inicio del procedimiento -octubre de 2022- y tampoco en el de seis establecido en el anterior auto de prórroga de la instrucción, con fecha del 3 de abril de este año.

La causa se destapó en febrero de 2023 y el principal investigado es el jefe del Servicio de Carreteras Autonómicas, el funcionario Miguel Ángel Díaz, presunto cabecilla de la red y que estuvo encarcelado seis meses tras lo cual fue apartado de su puesto de trabajo en la Consejería.

Se le atribuyen delitos de cohecho, fraude en la contratación pública, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad documental, que podrían suponer hasta seis años de cárcel cada uno de ellos.

En la trama estarían también involucradas su mujer e hijas y responsables de cuatro empresas del sector en la región que igualmente están siendo investigadas: Rucecan, Api Movilidad, Cannor y La Encina.

Durante la instrucción de esa causa, por la supuesta trama de Carreteras, se ha abierto una pieza separada del caso, por presunto fraude en la contratación pública y cohecho, que dirige el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Santander.

Entre los investigados en este segundo supuesto figura personal de la empresa Gesvican, dependiente de la misma Consejería del Gobierno regional.