Piden 4 años al administrador de una constructora por no pagar la Seguridad Social, aunque el fiscal no ve delito

SANTANDER, 2 (EUROPA PRESS)

La Audiencia Provincial de Cantabria juzgará el próximo miércoles, 6 de abril, al administrador único de una mercantil dedicada a la construcción de edificios acusado por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) por no pagar nunca las cuotas de la Seguridad Social, y para el que la Fiscalía pide la absolución.

La TGSS defiende que "se ha procedido a una estrategia encaminada a eludir el pago de las cuotas" a través de "maniobras de ocultación", por lo que le considera autor de un delito de defraudación a la Seguridad Social mecedor de una pena de cuatro años de prisión y multas para el hombre y para la mercantil que suman de más de un millón y medio de euros; mientras que el fiscal, si bien reconoce que no ha pagado las cuotas, no ve que haya quedado acreditado que "se desplegara de forma consciente y deliberada" tal maniobra.

Según el escrito presentado por la TGSS, la empresa "ha generado deuda desde su constitución por importe de 164.551 euros de manera continuada y sistemática hasta la actualidad, incluso tras la presentación de la denuncia".

Además, el acusado, como empresario persona física -antes de constituir la empresa-, se dedicó a la actividad de construcción y generó una deuda que asciende a 125.070 euros.

Según la TGSS, "no ha declarado operaciones con terceros" ante la Agencia Tributaria y los embargos de cuentas, vehículos y facturación que se han realizado "han resultado inefectivos".

Así, entiende la Seguridad Social que "se ha procedido a una estrategia encaminada a eludir el pago de las cuotas" correspondientes a los empleados a través de "maniobras de ocultación".

Sin embargo, el ministerio fiscal, pese a que describe una "conducta irregular" del acusado entre 2016 y 2017 como empresario y a partir de septiembre 2017 como administrador único de la mercantil al no pagar las cuotas de la Seguridad Social en ningún momento, descarta una actitud deliberada.

El escrito de la Fiscalía reconoce que el acusado "nunca ha satisfecho el pago de las cuotas de la Seguridad Social, ni de las cotizaciones a las que venía obligado". Además, "ni la mercantil ni el acusado, como persona física, en el desarrollo de su actividad presentaron o depositaron sus cuentas anuales en el registro mercantil, no declararon ingresos en operaciones con terceros ni solicitaron a la Seguridad Social aplazamientos o fraccionamientos de sus deudas", añade.

Sin embargo, entiende que "no ha quedado acreditado" que "pese a la conducta irregular" descrita, "se desplegara de forma consciente y deliberada una maniobra de ocultación que perjudicase la labor de inspección de la Seguridad Social".

PENAS

Por ese motivo, considera que no existe delito alguno y solicita la absolución del acusado.

Por su parte, la TGSS pide una pena de cuatro años de prisión, pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la seguridad social durante seis años.

También solicita la inhabilitación del acusado para ejercer el cargo de administrador de industria o comercio durante seis años y una multa de 1.158.486 euros. A ello, suma la petición de una multa para la mercantil de 493.653 euros.

En concepto de responsabilidad civil, la TGSS solicita una indemnización de 289.621 euros por el perjuicio sufrido, que reclama conjuntamente al acusado y a la mercantil.