Letrados de Justicia se concentran en Las Salesas por una negociación colectiva propia y la adecuación salarial

Dos reivindicaciones que portaban en escritos las letradas de Cantabria, que además suscriben el resto de demandas que defiende la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), que ha convocado una huelga a nivel nacional hoy y mañana, así como los días 5, 6 y 7 de abril.

La letrada de la Administración de Justicia del Juzgado Decano de Santander, Belén Alonso, ha explicado que defienden la adecuación salarial "a una serie muy larga de funciones que nos han ido asignando desde 2009, que en ese momento no se pudo retribuir por motivos económicos muy razonables, pero que, a día de hoy, no se ha llevado a cabo y es ya una espera demasiado larga".

En este sentido, Alonso ha apuntado que el Ministerio de Justicia "no ha dado ningún tipo de respuesta a ninguna de nuestras reivindicaciones" y por eso han decidido "tomar medidas de conflicto colectivo, que era lo último que nos quedaba".

Una de las propuestas supondría, a lo largo de tres años consecutivos, un aumento de 700 euros mensuales, para compensar las "más de 600 funciones que antes llevaban a cabo los jueces y magistrados y que desde 2009 venimos desempeñando nosotros", ha indicado.

Alonso ha recordado que se llegó a un acuerdo con los sindicatos generalistas, "que no nos representan porque no tienen afiliados de nuestro cuerpo", de un complemento de 195 euros, que en su opinión es "totalmente desproporcionado, en sentido negativo, con el cúmulo de funciones y responsabilidades que tenemos".

Al respecto, ha apuntado que, dentro de la estructura del juzgado, los letrados son el cuerpo que "más responsabilidad asume", por lo que los 195 euros son "una cantidad irrisoria".

DEMANDAS

La UPSJ demanda la presentación en el plazo de dos meses por parte del Ministerio de Justicia de un borrador de modificaciones legales para el "pleno reconocimiento" del derecho a la negociación colectiva propia de los letrados.

También reclama el pago inmediato de los 195 euros fijados en el acuerdo de diciembre de 2015 entre el Ministerio y las organizaciones sindicales en concepto de pago "primero y parcial" de la adecuación salarial a la que obliga la disposición de los Presupuestos Generales del Estado de 2021.

Además, pide un acuerdo "escrito, tangible y ejecutable" para seguir avanzando en 2022 y 2023 en la adecuación salarial del colectivo, de manera que se produzca una equiparación "real y efectiva" con el resto de grupos A1 de la Administración de Justicia.

Junto a ello, exige la inmediata convocatoria de una mesa de negociación sobre sustituciones voluntarias del cuerpo de letrados; un complemento para los nuevos encargados del Registro Civil; y un nuevo sistema de retribución de las guardias de disponibilidad y permanencia.

Otras de sus reivindicaciones son el establecimiento de un calendario de oposiciones al Cuerpo Superior Jurídico de Letrados, y de un calendario de negociación "serio y creíble" para el impulso del resto de cuestiones organizativas y reglamentarias.