La mayoría de los acusados por los disturbios del toque de queda en Santander aceptan hasta dos años de cárcel

Esta semana se ha celebrado en el Juzgado de lo Penal 3 de la ciudad la vista en la que las defensas de ocho de los procesados han alcanzado un pacto con la fiscal y la acusación particular, en tanto que los letrados de otros dos no se adhirieron a sus peticiones y el undécimo procesado no compareció a la vista, han informado a Europa Press fuentes personadas en la causa.

Inicialmente, la Fiscalía solicitaba hasta siete años y cuatro meses de cárcel, en concreto al considerado líder de los altercados, al que también reclamaba más de 3.000 euros en indemnizaciones a los perjudicados por daños y desperfectos causados.

El presunto cabecilla convocó junto a otras personas a la gente en el Ayuntamiento a través de un vídeo en Instagram en el que aparecía embozado, empuñando una catana y un cuchillo de grandes dimensiones.

Los diez procesados restantes se enfrentaban a entre tres y cinco años de cárcel e indemnizaciones de hasta 14.310 euros -uno de ellos, por las lesiones y secuelas a un agente de la Policía Local- según figuraba en el escrito provisional del ministerio público.

Modificó sus conclusiones iniciales tras la reforma del Código Penal que suprimió el delito de sedición y creó uno nuevo de desórdenes públicos agravados, marco que obligó a revisar casos en curso, entre ellos la sentencia del 'procés'.

Los hechos fueron calificados en un principio como un delito de desórdenes públicos (incitación) y dos de desordenes públicos agravados, tres de daños con incendio (en las calles Arrabal, Enseñanza y Andrés del Río), un delito de atentado y seis de atentado agravado, un delito de resistencia grave a agentes de la autoridad en concurso con uno leve de lesiones y dos de resistencia grave a agentes de la autoridad en concurso con otros tantos de lesiones (a agentes de las policías Local y Nacional).

Con el cambio normativo y las modificaciones de delitos y la rebaja de penas que conllevan, la mayoría de las defensas de los procesados han llegado a un acuerdo con la Fiscalía y la acusación particular en base al cual ocho de los once implicados han aceptado penas de hasta dos años de prisión.