La juez del `caso Mediador` prohíbe al general Francisco Espinosa disponer de sus bienes inmuebles

La juez del denominado `caso Mediador` --en el que se investiga una trama presuntamente liderada por el ahora exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes que se habría dedicado a cobrar mordidas a cambio de favores políticos-- ha prohibido al general investigado de la Guardia Civil Francisco Espinosa disponer de una batería de bienes inmuebles.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife ha explicado que "concurren los presupuestos necesarios que justifican la adopción de la medida cautelar" porque de los "múltiples oficios policiales y diligencias practicadas" se desprenden "sobrados indicios de la participación del general investigado" en la trama que se investiga.

En concreto, la juez Ángeles Lorenzo-Cáceres ha prohibido a Espinosa disponer de varios inmuebles que tiene en propiedad con su esposa: tres en Sevilla y uno en Huelva. Se trata de dos viviendas urbanas, un trastero y un aparcamiento.

La titular del juzgado ha explicado que la medida pretende servir para una eventual responsabilidad pecuniaria. "Todo ello sin olvidar que nos encontramos en un procedimiento que continúa en fase de instrucción, con la práctica de diligencias y nuevas líneas de investigación dirigidas a detectar posibles irregularidades penalmente reprochables en el ámbito de la contratación pública, de lo que se desprende que la medida solicitada (...) se presenta como oportuna, acertada y plenamente ajustada a derecho", ha incidido.

Esta decisión, que ha contado con el informe favorable de la Fiscalía, tiene lugar después de que a principios de mes la juez acordara mantener en prisión al general para "garantizar el acceso a determinados medios de prueba que podían verse perjudicados" si se aprobase su puesta en libertad.

CASO MEDIADOR

Se trata del último movimiento del conocido ya como `caso Mediador`, donde se investiga la presunta existencia de una red encabezada por el general, el ex diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias `Tito Berni`, su sobrino Taishet Fuentes Gutiérrez y el empresario canario Antonio Navarro Tacoronte que se habría dedicado a cobrar mordidas a cambio de favores políticos.

La trama estaría integrada por una organización criminal "formada principalmente por tres pilares y un claro nexo de unión entre todos los investigados". Contaría con "una jerarquía perfectamente estructurada y definida, con clara división de funciones y dedicada a la comisión de delitos relacionados con la corrupción como el cohecho y tráfico de influencias".

Según los investigadores, el grupo perseguía "un evidente fin lucrativo mediante la obtención de un enriquecimiento económico así como diferentes beneficios personales a raíz de acciones ilícitas".