La Audiencia insta al Ayuntamiento de Castro Urdiales a derribar once chalets por el caso de `La Loma`

La Audiencia Provincial de Cantabria ha ordenado al Ayuntamiento de Castro Urdiales que proceda al derribo de once chalets en Santullán en cumplimiento de la sentencia del caso de `La Loma` que determinó irregularidades urbanísticas en esta zona del municipio y que ya es firme.

La sentencia de la Loma, dictada por la Audiencia Provincial en 2020, condenó a penas de cárcel e inhabilitación y multas al que fuera alcalde de Castro Urdiales entre 2003 y 2007, Fernando Muguruza; al exsecretario municipal, Cesár Saiz, y al promotor inmobiliario de Sacyr Vallehermoso, Valentín Galdós, y declaró nulo el Plan Parcial del Sector de Suelo Urbanizable no Programado número doce (el conocido como SUNP-12) y de los instrumentos de planeamiento que lo desarrollaron, entre los años 2003 y 2006.

El fallo determinaba que procedía la demolición de los once chalets construidos sobre el camino de La Portillera, en suelo de protección y servidumbre de carreteras, que son las que ahora ordena derribar, dejando paso libre para el uso general. Todas ellas pertenecen a una sociedad inmobiliaria ya que ninguna de ellas llegó a venderse a particulares.

La sentencia fue recurrida por los condenados ante el Tribunal Supremo, que confirmó las condenas al exalcalde (un año de prisión y ocho de inhabilitación) y exsecretario municipal (dos años, 7.500 euros e inhabilitación) y rebajó la del promotor (a cuatro meses y 6.000 euros).

Ahora, en un auto de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial dictado el 30 de marzo y al que ha tenido acceso Europa Press, se explica que una vez recibida de nuevo la causa junto con la certificación de la sentencia del Supremo en grado de casación para su cumplimiento, la declara firme.

Y para su ejecución acuerda que se formen piezas separadas para el cumplimiento de las penas a cada uno de los condenados.

Además, señala que, declarada la nulidad del SUNP-12 de Castro Urdiales así como de los elementos de planeamiento que lo desarrollaron y la demolición de las 11 viviendas en cuestión, corresponde la restauración de la legalidad urbanista a los órganos de la Administración competente.

Para ello, dispone que se remita un oficio al Ayuntamiento de Castro para su ejecución.

Según la sentencia, los gastos de demolición serán sufragados, conjunta y solidariamente, por los tres condenados y con la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento.