El Supremo inadmite el recurso del Gobierno Regional y declara firme la sentencia por despido improcedente del primero de los ocho despedidos del SCE

La Sala de lo Social del TS lo determina así en un auto, difundido este jueves, en el que inadmite el recurso de casación del Gobierno regional tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria dictado hace un año.

Así, el alto tribunal ha condenando al SCE al pago de la indemnización fijada a la empleada despedida, más los intereses de demora, e impone el pago de las costas al Ejecutivo, 300 euros más los honorarios de la parte recurrida.

El TS, siguiendo su propia doctrina unificada, recogida en la sentencia de enero del año pasado --respecto al cese de trabajadores declarados indefinidos no fijos que son adscritos a un puesto de categoría de funcionario y luego ven extinguido su contrato como consecuencia de la cobertura del puesto por personal funcionario--, ha dictado un auto con el que hace firme la calificación de improcedente del primero de los ocho del EMCAN.

El pasado mes de julio, la misma sala de lo social abrió trámite de inadmisión para el segundo recurso de los presentados y pidió al Gobierno cántabro que realizase alegaciones.

Esta decisión es indicativa de la intención del Supremo de mantener su criterio y continuar dando firmeza a la calificación de improcedentes de los otros siete despedidos, que llevaban entre 13 y 23 años prestando servicio en la administración autonómica.

En un comunicado, los demandantes se plantean si no es el momento "oportuno" para que el nuevo Ejecutivo desista de los recursos realizados por el anterior, "asuma la responsabilidad y pague las cantidades adeudadas para dejar descansar a estas personas, que ya fueron privadas de sus puestos de trabajo, y para no seguir acumulando nuevos gastos públicos innecesarios".

OCHO DESPIDOS Y CINCO PROCESOS JUDICIALES Y SENTENCIAS FAVORABLES

En opinión de los demandantes, el asunto se debió resolver en el momento del despido, pero una "mala gestión" ha derivado en cinco procesos judiciales diferentes en los que el Ejecutivo ha cosechado otras tantas sentencias negativas (una de ellas ya firme en el TS y la segunda "en camino").

Además, ha sido advertido de que ha utilizado a sus empleados en el desarrollo de tareas no pertenecientes a sus categorías lo que eleva el cálculo de las indemnizaciones y también condenado en costas y al pago de honorarios de la representación contraria. Asimismo, deberá abonar intereses de mora procesal de las sentencias que se hagan firmes en sede judicial.

Hasta ahora, detallan, los intereses devengados superan los 7.000 euros en su conjunto y el Gobierno ya ha sido condenado en costas por valor de 1.150 euros, más el pago de los honorarios de la parte recurrida, cantidad que se podría multiplicar por cuatro con la resolución de los recursos restantes.