El juicio a los dos exaltos cargos del SCS por prevaricación se celebra hoy y mañana

El juicio a los dos exaltos cargos del Servicio Cántabro de Salud (SCS) acusados de prevaricación administrativa, por supuestas irregularidades en contratos de obras y servicios durante la pasada legislatura, se celebra este miércoles 9 de febrero y mañana jueves día 10, a partir de las diez de la mañana en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria.

Se sentarán en el banquillo quienes fueran subdirector de Gestión Económica, Francisco Javier González, y director de la Gerencia de Atención Primaria, Alejandro Rojo, que se enfrentan a penas de 14 y 11 años de inhabilitación para empleo o cargo público que pide para ellos la Fiscalía.

El Ministerio Público considera al primero autor de un delito continuado de prevaricación administrativa y acusa al segundo del mismo ilícito, aunque no continuado.

Las presuntas irregularidades en los contratos del SCS se produjeron en la etapa de la socialista María Luisa Real como consejera de Sanidad y salieron a la luz en 2018.

Se apreciaron en contratos menores para el pintado de centros de salud y las obras de ampliación del hospital virtual de Valdecilla; así como la compra de 22 ecógrafos; y las asistencias técnicas del citado consultor.

A raíz de estos hechos dimitieron de sus cargos los dos sospechosos y también el entonces gerente del Servicio, Julián Pérez Gil.

La titular del Juzgado que instruyó la denuncia, en número 5 de Santander, también imputaba por el mismo delito al asesor externo Álvaro Saez de Viteli, ya fallecido.

El Partido Popular, que ejerce de acusación particular en este procedimiento, solicita penas de 15 años de inhabilitación para los dos procesados.

El ministerio público, en su escrito de calificación, describe tres tipos de actuaciones susceptibles de merecer reproche penal: contrataciones de asesoría externa; contrataciones de obras de mantenimiento en centros de salud, y, finalmente, el fraccionamiento de contratos para la adquisición de ecógrafos.

CONTRATACIÓN ASESORAMIENTO EXTERNO

La Fiscalía explica, en primer lugar, que el que fuera subdirector de Gestión Económica e Infraestructuras del SCS entre 2015 y 2018 promovió la contratación de una persona para que prestara servicios de asesoramiento externo con el fin de que redactara pliegos de contratación pública para diversos órganos del propio SCS.

Señala el escrito de acusación que se fueron "encadenando contratos menores con el mismo pese a lo continuado de su asesoramiento y la reiteración y cuantía de los honorarios devengados por tales asesoramientos".

"El acusado -prosigue el fiscal- optó para dicha contratación por la forma del contrato menor con el fin de eludir las exigencias de libre concurrencia y publicidad de los procedimientos administrativos de contratación legalmente previsto".

Además, "con el fin de ocultar dicha infracción", de común acuerdo con el asesor contratado, "llegó en algunos casos a simular la contratación de la hija de aquél, pese a que los trabajos de asesoramiento eran efectivamente prestados por su padre".

De esta forma, el acusado "promovió la adjudicación directa" a esta persona de hasta cinco contratos menores, tres de ellos en el ámbito del Hospital de Valdecilla y dos, a nombre de su hija, en el ámbito de la Gerencia de Atención Primaria (GAP).

El acusado acordó además el inicio de los expedientes de tres contratos menores "proponiendo en todos ellos el inicio de la tramitación y la adjudicación directa" a la citada persona "sin obtener previamente otras propuestas o presupuestos, como consecuencia de lo cual le fueron adjudicados contratos por el director gerente del Hospital de Valdecilla por importes de 7.139 euros, 13.310 euros y 10.890 euros, sin que llegase a formalizarse un contrato que precisase el contenido de tales trabajos".

En cada uno de esos casos, el asesor realizó el trabajo correspondiente "librando facturas contra el HUMV -Hospital Universitario Marqués de Valdecilla- que le fueron abonadas".

En el ámbito de la Gerencia, el acusado, "pese a conocer" que la hija del anterior "carecía de cualquier experiencia o cualificación profesional para ello y que en la práctica sería su padre quien materialmente realizaría los trabajos", propuso el inicio de dos contratos menores por el mismo importe: 18.150 euros cada uno, cuantías que fueron abonadas tras la realización de los trabajos de asesoramiento.

REPARACIÓN Y PINTADO DE CUATRO CENTROS DE SALUD

En segundo lugar, la Fiscalía relata los hechos relacionados con la contratación a empresas para la reparación y pintado de cuatro centros de salud.

En este caso, acusa al que fuera director gerente de la GAP de actuar de común acuerdo con el otro acusado -el subdirector de Gestión Económica- en la tramitación y adjudicación de cuatro contratos menores para la reparación y pintado de cuatro centros de salud, a pesar de que el primero había suscrito anteriormente un contrato con otra empresa para el mantenimiento general de todos los centros de salud por un periodo de dos años.

Tras la elaboración de cuatro memorias sobre los trabajos a efectuar en cada centro y tras la obtención de tres presupuestos para cada una de las obras, el que fuera subdirector de Gestión Económica "formuló cuatro propuestas de gasto, una por cada centro de salud, en la cual proponía la elaboración de un contrato menor para cada uno de ellos así como la adjudicación" a tres empresas, "las cuales tenían idénticos representantes legales".

El subdirector propuso contratar las obras de los cuatro centros por importes que no excedían el límite legal señalado para los contratos menores; propuesta que fue aceptada por el director de la GAP, el cual ordenó el inicio del expediente y la adjudicación a empresas.

Realizados los trabajos, se procedió al pago de las facturas con la propuesta del primero y la autorización del segundo.

22 ECÓGRAFOS PARA CENTROS DE SALUD

En tercer lugar, la Fiscalía explica que el subdirector de Gestión Económica procedió a la adquisición de 22 ecógrafos destinados a otros tantos centros de salud de la GAP.

"Con el fin de eludir la tramitación del procedimiento administrativo de contratación legalmente aplicable por razón de la cuantía de la adquisición, se procedió a tramitar de forma simultánea 22 expedientes de contrato menor idénticos", señala el escrito.

El acusado "ordenó" la adquisición de once ecógrafos a una empresa por 12.584 euros cada uno, y otros once a otra empresa, por un importe de 13.908 euros cada uno, "sin que consten razones técnicas para la adquisición de uno u otro, ni para la asignación de uno u otro modelo en particular a cada centro de salud".

"El fraccionamiento en esta contratación como contratos menores era tan notorio que en el presupuesto elaborado por una de las empresas ya se indicaba que el precio proporcionado y que fue aceptado era un precio unitario para lote de 11 equipos".

En el caso de la segunda empresa, "pese a que se emitió una factura por cada uno de los once ecógrafos comprados, se elaboró un único documento contable de pago para el conjunto".

Junto a ello, resalta la Fiscalía que el acusado, como subdirector de Gestión Económica "carecía de competencias para autorizar tales pedidos, en tanto que el órgano de contratación era el director gerente, sin que el acusado tuviera delegadas dichas funciones".