El juez abre juicio al alcalde de Ribamontán al Monte por pagos irregulares

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Santoña ha acordado la apertura de juicio oral al alcalde de Ribamontán al Monte, Joaquín Arco (PRC), por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa.

En la resolución, dictada recientemente y consultada por Europa Press, el magistrado declara a la Audiencia Provincial de Cantabria como órgano competente para el conocimiento y fallo de esta causa, en la que la Fiscalía y el PP, personado como acusación particular, piden 15 años de inhabilitación para empleo o cargo público al regionalista.

Los escritos de ambas partes se presentaron después de que el pasado verano la Audiencia cántabra confirmara la imputación del regidor por supuestos pagos irregulares en 2016 y 2017 y desestimara el recurso presentado por Arco al considerar "evidente" que existen indicios suficientes para proseguir el procedimiento contra él.

Inicialmente había otros cinco concejales implicados en esta causa (abierta a raíz de una denuncia del PP en 2018, por pagos en contra de informes de Intervención y pese a reparos de ilegalidad de la secretaria-interventora municipal), pero se archivó su imputación por un error en el procedimiento ya que sus declaraciones tuvieron lugar una vez concluido el plazo de instrucción previsto en la ley. No obstante, los 'populares' creen que la participación de los ediles "fue esencial para permitir las acciones del alcalde".

En el escrito de acusación de este partido se le atribuyen hechos como el pago de una nómina a una coordinadora sin trabajo efectivo; la contratación irregular de un aparejador, desoyendo los reparos del interventor y prorrogando contratos sin justificación; contrataciones directas para servicios informáticos sin seguir el procedimiento legal; nombramientos incompatibles en la tesorería e intervención municipal, violando las normativas básicas; o pagos indebidos relacionados con una devolución del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) a un contratista, sin realizar los procedimientos previos necesarios.

En concreto, se hace referencia al pago de casi 4.000 euros en concepto de honorarios a abogados para la defensa del alcalde, la teniente de alcalde y una extrabajadora en un procedimiento penal; 7.260 euros a una consultoría jurídica por un informe de expropiación forzosa, cuando esa evaluación ya había sido realizada por la jurídico municipal; o la devolución a un contratista del ICIO por importe de más de 77.272 euros, entre otros asuntos.

Además, hay reparos de la interventora en relación al cambio de puesto de trabajo de la coordinadora del Centro de Comunicaciones y de la contratación del aparejador municipal y del servicio informático sin seguir el procedimiento.

EQUIVOCARSE, SÍ; PERO NO A SABIENDAS

En su recurso, el regidor reconoció que, si bien había podido "equivocarse" en la toma de sus decisiones, "en ningún caso lo ha hecho a sabiendas de que estaba actuando injusta y arbitrariamente, sino desde el convencimiento de que procedía correctamente, sin que la Secretaria del Ayuntamiento formulara reparo alguno durante un año y medio, y que en los expedientes en cuestión se recabaron informes jurídicos".

Asimismo, Arco justificó que la secretaria, sobre la que descargó la responsabilidad, "tiene afinidad con la oposición" y que el equipo de Gobierno estaba "llevando a cabo cambios que no están gustando a la secretaria" porque "tenía una relación sentimental con un informático al que habían echado".

Sin embargo, la Audiencia desestimó el recurso señalando en su auto que "es evidente que existen indicios suficientes para proseguir el procedimiento contra Joaquín Arco, pues sabía y conocía perfectamente lo que estaba decidiendo y haciendo".

Ahora, una vez confirmada su imputación y presentados los escritos provisionales de las partes, el juez instructor ha acordado la apertura de juicio oral al alcalde de Ribamontán al Monte, que se celebrará en la Audiencia Provincial de Cantabria.