El fiscal y PP mantienen sus penas a los exaltos cargos del SCS por fraccionamiento "indebido y evidente"

SANTANDER, 11 (EUROPA PRESS)

El fiscal y el Partido Popular han mantenido las penas solicitadas a los dos exaltos cargos del Servicio Cántabro de Salud (SCS) acusados de prevaricación administrativa, por presuntas irregularidades en contratos de obras y servicios la pasada legislatura, al entender "evidente" que hubo fraccionamiento "indebido".

Así, los entonces subdirector de Gestión Económica e Infraestructuras del SCS, Francisco Javier González, y el director de la Gerencia de Atención Primaria (GAP), Alejandro Rojo, siguen enfrentándose a catorce y once años de inhabilitación que respectivamente pide para ellos el representante del ministerio público por el citado delito -continuado y no-, pero únicamente en entes o sociedades que gestionen caudales públicos, cambio avanzado en el arranque del juicio y ratificado este viernes.

Por su parte, el PP, personado como acusación particular en unos hechos que IU llevó la Fiscalía, ha reafirmado los quince años de inhabilitación pedidos, en tanto que las defensas de los procesados han elevado igualmente a definitivas sus conclusiones provisionales insistiendo así en la libre absolución de sus respectivos patrocinados, al considerar que no incurrieron en ilícito alguno, sino que las contrataciones fueron "correctas" y "se ajustan a la norma".

"No existió fraccionamiento de ninguna especie", han zanjado en la última sesión del plenario, celebrado esta semana en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria y que ha quedado visto para sentencia, sin que Rojo y González hayan ejercido su derecho a la última palabra.

"No tengo nada que aportar a lo que ha dicho mi abogada", ha manifestado el primero, médico de profesión. "Yo tampoco tengo absolutamente nada que aportar", ha agregado el segundo, con experiencia en la gestión económica administrativa. Ambos desempeñaron sus cargos bajo el mandato de la socialista María Luisa Real como consejera de Sanidad desde 2015 y hasta 2018, año en el que dimitieron -junto al entonces gerente del SCS, Julián Pérez Gil- al salir a la luz las presuntas irregularidades.

Fueron denunciadas por la entonces jefa del Servicio de Contratación, y apreciadas en contratos menores para el mantenimiento y pintado de centros de salud y las obras de ampliación del hospital virtual de Valdecilla, así como en la compra de 22 ecógrafos para otros tantos ambulatorios, y en las asistencias técnicas a un consultor externo, Álvaro Sáez de Viteli, ya fallecido y al que la jueza instructora imputaba el mismo delito.

"IRREGULARIDADES DE TAL CALIBRE QUE JUSTIFICAN LA PREVARICACIÓN"

Practicados el interrogatorio a los dos imputados y las pruebas testifical, pericial y documental, el fiscal ha concluido que el fraccionamiento fue común a los tres supuestos, y ha pedido además "no caer" en la "falacia" de que los resultados de esos contratos fueran "favorables" a la administración, como apuntaron los acusados y otros testigos al destacar, por ejemplo, los ahorros logrados.

Frente a ello, ha aludido a la existencia de resoluciones, "contrarias a derecho", que no han sido explicadas de modo "razonable" y resultaron además "injustas", como la "burda artimaña" de fraccionar contratos para tramitarlos como menores -limitados entonces a un máximo de 50.000 euros para obras y 18.000 en servicios- y eludir los controles de los procedimientos abiertos.

El representante del ministerio público ha incidido en las "irregularidades" en la contratación del asesor externo y su hija, que no tenía "capacitación" para el trabajo encargado y que en su declaración como testigo y entre otras cosas reconoció que en una de las adjudicaciones habían "falsificado" su firma.

Irregularidades, ha expresado el fiscal, "de tal calibre que justifican la prevaricación", además del "fraccionamiento evidente" que a sus ojos hubo. Así, fruto de esa "engañiza" se asignaron a ambos cuatro contratos menores por 44.000 euros más IVA "en diez meses", algo que "excede la mala planificación y organización".

Sobre las obras en cuatro centros de salud -General Dávila en Santander, Dobra y El Zapatón en Torrelavega, y el de San Vicente de la Barquera-, la acusación pública entiende que se ordenaron "trabajos bastante básicos" a tres empresas tras una "curiosa" selección: tenían los mismos administradores y socios, y presentaron presupuestos "prácticamente idénticos". Contratación que, además, "no se puede hacer más simultáneamente", y ello cuando había otra sociedad que se encargaba el mantenimiento de todos.

Esta parte ha seguido cuestionando la compra de 22 ecógrafos para otros tantos centros de salud y mediante contratos "idénticos", en los que solo cambia el aparato -se adquirieron dos modelos a sendas empresas- y el ambulatorio destinatario, y que sin embargo se pagaron "a la vez".

Por todo lo anterior, el fiscal ha concluido como "evidente" que los dos imputados optaron por "saltarse" los procedimientos administrativos para "sus fines" y ha considerado que aunque "no todo se ha hecho mal", González y Rojo deberían haber actuado "de otro modo", de una forma "más eficaz y mejor" para el SCS.

En similares términos se ha expresado el abogado del PP, que ha tachado de "indebido" el fraccionamiento que a su juicio hubo en la contratación del consultor.

También ha considerado "evidente" la duplicidad en las obras en los centros de salud, algo que se aprecia "simplemente viendo" los objetos de los contratos: el de mantenimiento que había y que fue prorrogado, que tenía una cobertura "plena y completa"; y los que se contrataron a tres empresas y "prácticamente en dos días" además. Así, se pagaron cerca de 200.000 por tareas "innecesarias", ha resumido.

Sobre la compra de los ecógrafos, este letrado ha tildado de "notoria" la "falta de competencia" de González para ordenar esta adquisición, para centros de Atención Primaria, y también con "fraccionamiento indebido" y fruto de una "arbitrariedad" en las decisiones tomadas.

"NO EXISTIÓ FRACCIONAMIENTO DE NINGUNA ESPECIE"

Finalmente, las abogadas de los dos acusados han sostenido, por un lado, que Rojo por la firma de las obras en los centros de salud solo habría incurrido en un delito, no en cuatro, y "en ningún caso continuado".

Y, de todos modos, su representante ha apuntado que las acusaciones parten de "un error" de base, pues no fueron "meros" trabajos de mantenimiento o reparación de daños, sino "estructurales", no incluidos -ha asegurado- en el contrato vigente, por lo que ha negado "duplicidad" con los nuevos suscritos.

Sobre el fraccionamiento denunciado, ha aclarado que "no todo es contrario a la ley, no ya delito", ha apostillado. Y ha recalcado de todas formas que cada centro de salud es "una unidad de gestión distinta".

La representante legal de González ha incidido de su lado en el informe pericial de los interventores -dos de ellos juristas- que apreciaron "irregularidades administrativas" y "dos actuaciones" con "fraccionamiento contractual", pero sin haber "atisbado ninguna infracción penal".

Así, cree que no hubo "arbitrariedad" ni "voluntad caprichosa" por parte de su defendido, y ha aludido al "gran beneficio" de decisiones y contratos cuestionados, como la red de laboratorios hospitalarios, por el ahorro económico logrado y debido a que los servicios adjudicados obedecían a "necesidades reales". Ha añadido que se efectuaron "correctamente", después de estar varios años con un sistema de compras "irregular y costoso".

Con todo, esta abogada de la defensa ha concluido que las contrataciones enjuiciadas son "correctas" y "se ajustan a la norma", de modo que "no existió fraccionamiento de ninguna especie".