Cuatro empleados de Santillana admiten que se quedaron dinero del parking y aceptan hasta seis meses de prisión

Cuatro de los seis trabajadores del Ayuntamiento de Santillana del Mar acusados de cobrar y quedarse dinero del parking municipal han reconocido los hechos este lunes en el arranque del juicio contra ellos, en el que han aceptado penas de prisión de entre seis meses -uno de ellos- y dos meses y quince días -los otros tres, aunque en estos casos la cárcel será sustituida por una multa-.

"Lo hemos hecho mal. La hemos liado", ha manifestado uno de los implicados que ha admitido lo sucedido -se apropiaban de talonarios para el cobro de la tasa de estacionamiento de vehículos- en el inicio de la vista, que se celebra esta semana en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria con jurado popular y con conformidad de las partes para ellos.

Así, continuará el martes con el interrogatorio de los otros dos procesados, que se enfrentan a nueve meses de cárcel por un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos, la mitad de lo solicitado inicialmente por la fiscal y la acusación particular, ejercida por el Consistorio, y que interesaban hasta diez y cinco meses de inhabilitación, respectivamente.

Ambas partes han pactado con cuatro de las defensas las siguientes condenas: por un lado, seis meses de prisión y año y medio de inhabilitación especial para cargo o empleo público; y por otro, dos meses y quince días de prisión, multas de entre 150 euros y 180 euros, y tres meses de inhabilitación, aunque la pena privativa de libertad se cambiará el pago de una cuota diaria de 4 euros.

Mientras, a los dos encausados que se han mostrado disconformes con las acusaciones -entre ellos el presidente del comité de empresa- se les interesa nueve meses de cárcel, otros tantos de inhabilitación y 600 euros de multa, según el nuevo escrito de la Fiscalía, que entiende que concurre la atenuante de dilaciones indebidas por unos hechos ocurridos en verano de 2016. También ha tenido en cuenta el reconocimiento de los hechos y la reparación del daño.

En consecuencia, ninguna de las acusaciones reclama indemnización, ya que tras descubrir el Ayuntamiento el presunto 'desfalco' de 28.000 euros del aparcamiento durante la temporada estival, los sospechosos devolvieron los talonarios obtenidos de manera irregular -140- así como la recaudación correspondiente, y 8.000 euros más de forma conjunta, antes incluso de iniciarse la causa penal, en 2017.

Uno de los procesados es funcionario -policía local- y los otros cinco habían sido contratados como personal laboral fijo para diferentes oficios. En los meses estivales tenían encomendada -menos el agente y junto a un total de trece personas- el control de acceso a los aparcamientos municipales, así como cobrar a los usuarios y posteriormente ingresar en las cuentas bancarias del Consistorio la tasa de estacionamiento de vehículos.

Contaban para ello con talonarios numerados entregados por la administración local, y los procesados firmaban la recogida y entrega de los mismos, con la obligación de devolver los que no fuesen utilizados.

Con el ánimo de "enriquecimiento propio", según la fiscal, en julio y hasta principios de agosto se apoderaron en distintas ocasiones de talonarios que se encontraban depositados en las instalaciones del Ayuntamiento, los empleaban para cobrar a los usuarios del parking y se quedaban con parte de las cantidades que debían ingresar en las arcas municipales.

PAGARON A ESCOTE 8.000 EUROS, DE SU BOLSILLO Y PARA SALVAR EL EMPLEO

El efectivo policial -que sigue desempeñando el cargo aunque en otro ayuntamiento- no tenía atribuida la función del cobro de la tasa, pero se apropió de varios talonarios -en dos ocasiones- para entregárselos a otro implicado y repartirse las cantidades obtenidas, extremo que según ha asegurado no llegó a producirse.

En su declaración ante el tribunal ha explicado que su 'compinche' le avisó de que en el Consistorio se habían percatado de lo que estaba sucediendo y les habían citado "uno a uno" a una reunión, tras lo cual ambos fueron "a casa del alcalde" y le "entregaron el dinero" en cuestión.

Después, ha proseguido el agente, hubo un segundo encuentro, esta vez conjunto y al que también acudió él, en el que les informaron de que además de los talonarios y la recaudación habían detectado que "faltaban" otros 8.000 euros. Los seis implicados decidieron pagarlos "a escote", a razón de más de 1.300 euros por persona, "de nuestro bolsillo", para "salvar el puesto de trabajo" y a pesar de que él no había "cogido ni un duro".

Lo hizo porque sabía que "la había liado" y no podía "dejar el marrón" al otro "pobre" al que había implicado y que se encargaba de recaudar el dinero. Sobre el destino del montante, el efectivo municipal ha expresado a preguntas de las partes que "podría decir que íbamos a hacer una donación a (las monjas) Clarisas, pero lo usaríamos para alguna fiesta".

Y de los 8.000 euros adicionales que el Ayuntamiento les manifestó que faltaban, ha dicho desconocer si se tiraron "al río", se emplearon para "hacer un regalo" o habido más gente implicada -"y menos honrada"- que no ha reconocido lo sucedido.

En este punto, y a preguntas de un miembro del jurado sobre si la ausencia de esa cantidad está documentada, el policía ha comentado que el Consistorio detectó la falta de talonarios "e hizo la cuenta de la lechera".

El acusado involucrado por el policía ha corroborado que tras descubrirse los hechos --"fue como una explosión" y se propagó "como la pólvora", ha recordado-- fueron a pedir "perdón" al regidor y a devolver "todo", incluso el montante adicional que faltaba -"no sé de qué", ha expresado-, "con tal de tener la fiesta en paz".

"Yo hubiese dado, no hay cifra, lo que hubiese sido, con tal de mantener el puesto de trabajo y subsanar el tema", ha manifestado. En su opinión, lo sucedido tuvo un "efecto dominó" y el objetivo de todos era solucionarlo "de la forma más liviana" posible, de ahí la devolución de los talonarios y el dinero.

ATENERSE A LAS CONSECUENCIAS

También ha declarado el que cree que "levantó la liebre": a quien llamó el regidor para advertirle de lo que estaba pasando y que igualmente reconoció los hechos.

Según ha indicado, entregó el dinero procedente de cuatro talonarios que le había proporcionado otro de los involucrados, ya que él -ha asegurado- no cogió ninguno. Y lo devolvió porque responsables municipales les advirtieron de que si no lo abonaban se tendrían que "atener a las consecuencias". E igualmente, este implicado aportó la cantidad restante pactada entre todos, porque "por 1.300 euros no me jugaba el puesto de trabajo".

En similares términos se ha expresado otro procesado, uno de los primeros en ser citados "cuanto saltó la alarma" y que ha coincidido en la advertencia del Consistorio de que tomaría "medidas" si no se reingresaba el dinero. Pero aunque les "prometió que la cosa se cerraba" si aportaban el montante reclamado, finalmente "no fue así", ha lamentado.

Este acusado también participó en la devolución conjunta del montante restante porque se estaba "jugando" el puesto de trabajo, aunque "no me creo esas cuentas", ha apostillado. Así, pondría "la mano en el fuego" a que había papeletas "sin fecha ni numeración".

Ha señalado que no cogió los talonarios "de ningún armario", pues estaban en "un palé, en el suelo", en una antigua oficina en la planta baja del edificio consistorial.

Y ha añadido que los numerados se entregaban en otras dependencias en la primera planta, que la persona que los entregaba -la tesorera, un auxiliar o "cualquiera: me lo daba hasta el gato"-, lo "apuntaba en un papel" y que en el momento de la devolución no se "firmaba nada", dada la "confianza" existente, pues llevaban "veinte años" trabajando.