Bruselas da un ultiman a Sánchez para desbloquear el CGPJ y lo homologue con EUROPA para lo que envía al comisario de Justicia, Didier Reynders

La Comisión Europea ha dado un paso más en su presión para ayudar a desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el viaje que esta semana hará el comisario de Justicia, Didier Reynders, a España, con el objetivo de mediar entre el Gobierno y el Partido Popular para desencallar las negociaciones.

Con este objetivo, la agenda que le llevará a Madrid del miércoles 28 al viernes 30 incluye encuentros con varios miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez, entre ellos la ministra de Justicia, Pilar Llop, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños; así como con el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.

Además intervendrá en la comisión mixta para la Unión Europea en el Congreso de los Diputados el jueves, se verá con representantes de distintas asociaciones de jueces y hablará con los principales grupos de la oposición parlamentaria, incluidos PP y Ciudadanos.

El viaje se produce apenas dos semanas después de que la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Estado de derecho, Vera Jourova, que ya estuvo en Madrid en junio, respaldara en una carta a Lesmes y avisara de que el "correcto funcionamiento de las instituciones del Estado" --como el órgano de gobierno de los jueces-- "no debe formar parte del debate político y menos aún ser rehén de ese debate".

La renovación del órgano de gobierno de los jueces es una "prioridad" desde hace años para Bruselas, que también considera urgente que "inmediatamente después" se reforme el sistema de designación de los vocales del CGPJ, de modo que sean elegidos en su mayoría por los propios jueces, en línea con los estándares europeos.

Así figura cada año en el informe con el que el Ejecutivo comunitario evalúa la salud democrática en la Unión Europea y así lo han dicho en público y en sus contactos directos con el Gobierno, oposición y asociaciones de jueces tanto el propio Reynders como la vicepresidenta de la Comisión responsable de Estado de derecho, Vera Jourova.

Pese a las reiteradas llamadas al diálogo desde Bruselas, la falta de avances ha llevado a los servicios comunitarios a notificar su preocupación en una "recomendación" específica dentro del informe anual sobre España.

Ello permitirá evaluar el próximo verano si se han dado pasos suficientes antes de decidir si son necesarios "otros instrumentos" para favorecer las mejoras, según dijo Reynders hace días, cuando también dejó claro que a la luz del `impasse` intentará mediar entre las fuerzas políticas durante su visita a España.

"Podemos también implicarnos en el diálogo, no solamente pedir que haya un diálogo sino tratar de acercarles. Ya lo hemos hecho e intentaré hacerlo en esta visita", aseguró el pasado martes en declaraciones a varios medios, entre ellos Europa Press, en los márgenes de una reunión a 27 sobre el Estado de derecho en la UE.

"Intentamos organizar un diálogo entre fuerzas políticas porque el cambio del CGPJ necesita mayorías tales que requiere de la colaboración entre las principales fuerzas políticas", explicó el comisario, para quien es tan urgente que "se pongan en marcha" los nuevos nombramientos como que se aborde "muy rápidamente" la reforma del sistema.

En cualquier caso, en sus llamadas de atención, Reynders trata de remarcar que la situación en España "no es en absoluto" comparable a la situación de otros Estados miembro en los que, como ha ocurrido con Polonia, Bruselas ha iniciado procedimientos más severos tras constatar una "regresión" en su sistema democrático.

Fuentes comunitarias consultadas por Europa Press remarcan que a ojos del Ejecutivo comunitario no hay base jurídica para actuar contra España porque no existe una regresión sobre la legislación existente, como sí sucede con las reformas de Budapest y Varsovia para interferir en el sistema judicial.

Tampoco contemplan que la situación afecte al desembolso de fondos de recuperación de la Unión Europea para España en tanto que los hitos y condicionalidad está ya negociada.

Preguntado días antes de su viaje por las consecuencias para España si persiste el bloqueo, Reynders descartó también la perspectiva de procesos sancionadores como el del artículo 7 que se activó contra Hungría y Polonia por riesgos sistémicos en el Estado de derecho. Sólo en caso de que la situación "durante años no mejorara", dijo el comisario, el Ejecutivo comunitario "tendría que pensar en otros instrumentos" para presionar a España.

Además de esta cuestión, el comisario quiere abordar con las autoridades el uso del software de espionaje `Pegasus`, programa supuestamente utilizado para espiar a líderes independentistas y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por cuya utilización en distintos Estados miembro se ha creado una comisión de investigación en el Parlamento Europeo.

A falta de cerrar su agenda que le llevará a Madrid del miércoles 28 hasta el viernes 30, Reynders tiene previsto reunirse con varios miembros del Gobierno, entre ellos la ministra de Justicia, Pilar Llop, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y con el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.

También ha previsto encuentros con varias asociaciones de jueces, intervendrá en la comisión mixta para la Unión Europea en el Congreso de los Diputados el jueves y participará en un Desayuno Informativo el viernes.