DEBA y Concejo Abierto, tratan de impedir el turismo náutico en Santander

Para que se puedan construir embarcaciones deportivas es preciso disponer de una demanda y esa no existe si en una Bahía tan preciosa como la nuestra no se dispone de pantalanes suficientes y pequeños Puertos Deportivos de "abrigo", como dispones en cualquier Comunidad Autónoma litoral. Quizá estas Asociaciones lo que pretenden es que los ciudadanos tengamos que pedirlas permiso.

Esta Asociación se hizo famosa por ir en contra el Centro Botín y en contra de los intereses de los ciudadanos de Santander.

Se ha puesto de moda  reunirse cuatro amigos, crear una Asociación, y redactar notas de prensa. Pues no!

.La mar y la Bahía están para algo más que para mirar. Nosotros hacemos una critica a favor de Cantabria y de Santander, y les ponemos su nota de prensa.

LA NOTA DE PRENSA DE LAS ASOCIACIONES

En un comunicado, ambas asociaciones han recordado que el Real Club Marítimo de Santander ha solicitado recientemente una concesión administrativa para ocupar una superficie de agua de 14.050 metros cuadrados, al sur de Puertochico (Dársena de Molnedo), para instalar unos pantalanes flotantes destinados al atraque de embarcaciones deportivas, así como una superficie de terreno de 345,60 metros cuadrados, al este de la Dársena, para depósito de embarcaciones de vela ligera de sus socios.

   El pantalán flotante que se solicita instalar frente a la entrada de la bocana de Puertochico, de forma paralela a la costa, mide 115 metros de largo y se separa 27 metros de la entrada, a fin de ganar espacio interior para poder atracar nueve embarcaciones, según los colectivos.

   Aunque para las asociaciones, "la finalidad real más bien parece orientada a librar a la bocana de Puertochico del impacto de la ola cuando sopla el viento sur".

   Han señalado que, en una época en la que diversos colectivos y plataformas ciudadanas vienen reclamando a las administraciones una mesa de gestión integral de la bahía para armonizar usos y garantizar la preservación y mejora de su medio ambiente y paisaje, "no resulta coherente ni admisible" que la tramitación de este proyecto "se reduzca al mero trámite de su anuncio en el Boletín Oficial del Estado con 20 días de plazo, sin una mayor y más adecuada y amplia publicidad y difusión por todo tipo de medios, para que la ciudadanía de Santander pueda pronunciarse respecto a este aparatoso e injustificado proyecto".

   Las asociaciones han recordado que se pretende actuar en una zona de dominio público y en un lugar "emblemático para la ciudad y la bahía", tanto por motivos paisajísticos como culturales. En opinión de ambos colectivos, Puertochico debería haber sido catalogado hace tiempo como Bien de Interés Cultural (como también debería serlo la Grúa de Piedra) y por ello "protegida su imagen, porque constituye una seña de identidad esencial de la historia de una ciudad cuya existencia e historia se deben a su condición de puerto".

   En este sentido, han sostenido que la concesión del proyecto a una entidad privada en una zona de dominio público "y de gran influencia y trascendencia en la imagen urbana", supone "subordinar el interés general de la población y de la ciudad de Santander a la conveniencia de unos particulares y pone de manifiesto la total descoordinación entre la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de Santander y la dejación, por parte de éste último, de su obligación de proteger urbanísticamente el paisaje de la ciudad como parte esencial de su patrimonio histórico".

   "Constituye, en definitiva, y una vez más, un trato de favor para imponer a toda la ciudad el interés minoritario de un reducido grupo de personas", han subrayado.

   Por ello, han solicitado a la Autoridad Portuaria de Santander, que en base a la "transparencia informativa", la "adecuada" participación ciudadana y el "interés general de la ciudad", la paralización cautelar de la tramitación del proyecto y el inicio un período amplio, claro y contrastado de información pública ciudadana de este proyecto.

   Y al Ayuntamiento de Santander, "que actúe en defensa de los intereses generales de la ciudad, de su patrimonio histórico y paisajístico frente a la pretensión de su usurpación por el RCMS en beneficio exclusivo de los propietarios de nueve embarcaciones de recreo".