Prevención de abusos sexuales a menores pide "cambios urgentes" en la legislación de estos delitos

   En un comunicado, la presidenta de esta asociación, Margarita García Marqués, afirmó que "es necesaria una reforma en el Código Penal que suponga un endurecimiento sustancial de las penas por este tipo de delitos". Asimismo, habló de "obligatoriedad" en lo referente al cumplimiento de las condenas.

   Con respecto al debate en torno a la creación de un registro específico de pederastas, tras descubrirse una "cadena de errores" en la situación jurídica del presunto asesino de Mari Luz, Santiago del Valle, ASPASI se muestra a favor de la medida. "Se trata de delincuentes reincidentes y difícilmente rehabilitables", razonó García Marqués.

   Por otra parte, ASPASI también consideró la situación de los menores en los procesos judiciales por abusos. Según García Marqués, el procedimiento actual constituye "tal calvario" a nivel psicológico que "pocos niños y adolescentes se atreven a denunciar su caso y menos aún llegan a juicio". Para la asociación, se somete al niño a un proceso que puede durar "hasta cuatro años, con interrogatorios y entrevistas, en las que es muy fácilmente se puede olvidar o contradecirse de lo dicho".

   Además, continuó García Marqués, en los casos de abusos dentro de la propia familia, la primera medida cautelar consiste en sacar al niño de casa y llevarlo a un centro de menores, "mientras el adulto, continúa su vida".

LOS ABUSOS "ESTÁN TODOS LOS DÍAS"

   Con todo, desde la asociación se recuerda que los abusos sexuales "están todos los días", de ahí que "es preciso que la gente no solamente se indigne cuando se producen tantos y tan graves fallos del sistema judicial".  

   Por eso, García Marqués explicó que los menores "deben saber" que la figura protectora del adulto "se puede transformar", y apostó por enseñarles a que distingan "cuáles son los contactos adecuados y los inadecuados".

   Unos esfuerzos que, en palabras de ASPASI, hay que aumentar en las "poblaciones de riesgo", como los menores con discapacidad física o psíquica, en situación de pobreza o pertenecientes a familias desestructuradas.