El hiperactivo Montoro.

Dada la situación de crisis que ya apunta recesión pura y dura, es lógico que el responsable de los dineros públicos tenga una agenda desbordante. Tan desbordante que trata de aplicar el Código Penal  -que habría que reformar- a quienes malgasten el dinero de todos.

   La política se resuelve desde la política y para los políticos no hay mayor castigo que el que los ciudadanos les den la espalda a la hora de acudir a las urnas. No faltan los partidarios de que efectivamente se aplique el Código Penal a aquel que compromete un gasto sin tener dinero o que gestiona con mal cálculo un dinero que no sabe si va a tener. Estos partidarios, sin duda, conectan bien con un amplísimo sector de la sociedad partidaria de la cárcel para quienes gestionan de manera manirrota, pero decir aquello que una mayoría quiere oír no es argumento y menos cuando la gente está enfadada. Seguir este argumento nos llevaría a conclusiones terribles.

   Es seguro que Montoro no ha propuesto aplicar el Código Penal a los políticos manirrotos para dar gusto a los enfadados, pero da toda la impresión de que, cuando menos, se ha precipitado generando así una polémica bastante absurda. Y es absurda porque si hay algo seguro, pese a lo que diga Montoro, es que el Gobierno no se va meter en el charco de modificar el Código Penal para tipificar un nuevo delito.

   En la legislación penal ya está regulado el cohecho propio  e impropio -que se lo digan a Camps- y la malversación. ¿Cómo se llamaría el nuevo delito para los manirrotos? Porque si roban o cometen fraude eso ya está contemplado. De manera equivocada se pone como ejemplo Islandia, pero en Islandia lo que está previsto es la responsabilidad por daños que no tiene, en ningún caso, alcance penal.

   El sentido común, como le gusta decir al presidente Rajoy, creo que lleva a poner más que en cuarentena la idea de Montoro. Para evitar gastos para los que no hay dinero, para no pasarse de la raya bastaría una buena, eficiente y continúa vigilancia de la intervención autonómica o en su caso de la Intervención General del Estado. Bastaría atar en corto a los consejeros o ministros a través de eficaces sistemas de fiscalización de gastos con la obligación añadida de dar publicidad a las advertencias o sugerencias que los responsables de esta fiscalización hagan en cada caso.

   Es de desear que el señor Montoro no decaiga en su actividad. Necesitamos un ministro activo, que proponga medidas, que debata propuestas y brinde soluciones. Modestamente creo que aplicar el Código Penal a los manirrotos no ha sido la idea más brillante de un ministro que sabe lo que tiene entre manos y que está deseando anunciar a los españoles que los impuestos que ahora ha subido vuelven, por lo menos, a donde estaban.