Colapso de la Ley de Dependencia

Como síntesis de las múltiples críticas que la ejecución gubernamental de la ley está levantando valgan las afirmaciones del Presidente de la Generalitat de Cataluña, D. José Montilla, el pasado mes de octubre en las que acusó a la administración central de “no estar a la altura” tras criticar que la memoria económica se quedase tan corta “con los mismos recursos tenemos el doble de los beneficiarios previstos”.

Además de la escasez presupuestaria y de la complejidad burocrática, el gobierno viene sistemáticamente incumpliendo los plazos de desarrollo de la ley, y por tanto le resulta enojoso cumplir la ley y dar cuenta en el parlamento del informe anual que la ley prescribe.

Esta ley fue el reflejo del compromiso adquirido por la gran mayoría de grupos parlamentarios de esta Cámara en la renovación de Pacto de Toledo en octubre de 2003, donde se expresaba la necesidad de “configurar un sistema integrado que aborde desde la perspectiva de globalidad el fenómeno de la dependencia”.

El Grupo Parlamentario Popular votó a favor de la citada Ley 39/2006 pero manifestando su apoyo crítico por considerar que la ley tenía graves carencias, además de una financiación muy compleja e insuficiente. Por esta razón, no presentamos enmienda a la totalidad, pero sí 142 parciales en el Congreso y 50 más en el Senado.

A través de la aprobación de algunas de nuestras enmiendas se consiguieron ciertas mejoras, como: el reconocimiento de la atención a la dependencia como un derecho subjetivo y universal, la inclusión como titulares del derecho a los menores de tres años, o que la financiación de las autonomías vendría fijada por criterios objetivos.

Sin embargo, la Ley de Dependencia, a día de hoy, no está resultando eficaz en su conjunto, resultando muy compleja para las CCAA en su ejecución.

Hay autonomías incluso, que, como la catalana, han manifestado que es posible que retrasen la aplicación de la Ley de Dependencia por falta de presupuesto.