Cambio generacional

A pesar de que la Carta Magna del reino de España no tiene fecha de caducidad, se le ha caído el precinto hace unos cuantos años. Sin embargo, debido al tiempo transcurrido, casi cuatro decenios tomando nota sin retocarla, es de reconocer que precisa algunas enmiendas, ya que se ha podido comprobar que estamos ante un sistema político caducado porque se ha convertido en un ente endogámico, intolerable, pícaro y trilero, ya sea por mastodóntico o por esquizoide.

Hemos tenido un ex presidente como Felipe González Márquez, que MINTIÓ al decir que la OTAN de entrada no y de salida tampoco; un ex presidente como José María Aznar López, que MINTIÓ al declarar la guerra a Irak; un ex presidente como José Luis Rodríguez Zapatero, alias ZP, que MINTIÓ diciendo que no había crisis económica, pero ganó las elecciones de su segundo mandato, y aún continuamos con la crisis; un presidente como Mariano Rajoy Brey, que MIENTE diariamente desde hace treinta y tres meses. Lo curioso es que ninguno de ellos ha cumplido el programa electoral por lo que fueron votados. Así se comportan los votantes españoles ante cualquiera de los comicios electorales.

Gracias a los casi medio millón de políticos españoles, sin haberlos rozado ni de lejos la recesión económica que fraguaron y que más de un septenio dura, los ciudadanos españoles, en agravio comparativo con el resto de los ciudadanos europeos, han sentido en sus propias carnes unos recortes sociales totalmente injustos, algunos de ellos ganados durante un período totalitario. Unos recortes que debían haber sido hechos desde arriba hacia abajo, como indicaba Bruselas, y no desde abajo hacia arriba. Si estos políticos tuvieran un poco de sensibilidad, que no tienen, demostrado está, aún están a tiempo de restituir lo despojado. Este conjunto de personajes resultan ser muy caros para el erario del Reino de España.

Desde Bruselas observan al Estado español como un batiburrillo de desconcierto, preocupación y desconfianza, porque se está empezando a conocer mundialmente como un país altamente litigante. Una fama que no es buena para la marca España. Las demandas contra el Gobierno español se acumulan, día tras día, en C.I.A.D.I., organismo arbitrario ligado al Banco Mundial. Sobre todo debido a demandas de arbitraje en materia de Energía, comparándonos a países como Argentina, Venezuela, Bolivia y Ecuador. Algo que, ya va siendo hora, necesita un cambio en el sistema político español. Y nunca mejor que hacerlo durante esta larga crisis.

La composición del Senado, una cámara cuyo comportamiento es el de un cementerio de elefantes donde se retiran todos los deshechos de cargos públicos. Y quiérase o no, debería ser reducido a 100 miembros. Independientemente del número de habitantes, cada provincia debería tener un máximo de dos diputados. Más que suficientes para realizar una labor casi de becarios.

El Congreso de los Diputados debe ser reducido a 150 miembros, en listas abiertas. Independientemente del número de habitantes, cada provincia debería tener un máximo de tres diputados. Las Leyes deberían ser dictadas por las Cortes Generales para todos y cada uno de los españoles, incluidos los políticos. Los componentes del Senado y del Congreso no podrían presentarse más de dos Legislaturas.

Las regiones españolas, o comunidades autónomas, como mucho, deberían emitir sólo normas, para lo que no serían necesarios los miles de parlamentarios autonómicos actuales, pues sobrarían casi todos. Demasiadas bocas y manos. Sería loable eliminar, cuanto antes, las cerca de tres mil barreras regulatorias autonómicas para la creación y desarrollo de empresas. Actualmente todo se resume a trabas, burocracia, restricciones, normas absurdas. Y además, ninguna de ellas tendría necesidad de abrir embajadas en ningún país, pues para eso está la marca España.

El aforamiento no se debería otorgar con beneplácito a miles de personas, sino a una docena de personas, como mucho. Y son demasiados. El servicio al Estado tiene sus normas y cuando se incumplen se paga la deuda.

Los dos periodos ordinarios de sesiones serían de once meses, en lugar de los nueve actuales, y de lunes a viernes, en lugar de martes a jueves como trabajan actualmente. Se comportarían como cualquier trabajador funcionario o de la empresa privada. Su cargo se trata de un servicio al Estado, como presumen, y no de sestear y vacacionar, como hacen. Como ejemplo: las miles de leyes que jamás se aplican porque no tienen salida. Actualmente disponen de 105 días de vacaciones anuales porque su trabajo reiterativo en cada Legislatura es realmente agotador. Sería interesante que desaparecieran más de la mitad de los Ayuntamientos y absolutamente todas las Diputaciones Provinciales, cuya regulación dura cerca de dos siglos. Hora de cambio. Demasiadas bocas que alimentar y demasiadas manos dispuestas a deslizarlas en el interior de la Caja.

En cuanto a la Ley Electoral necesita cambios profundos en su camino hacia la democracia. La financiación de todas las elecciones (generales, autonómicas, municipales, europeas) pasaría de meter la mano en la Caja de las Pensiones desde 1982 a ser un gasto del partido político (30%), del candidato (30%), del Estado (30%). Si alguien quiere ser político que se lo gane. Sobran, por innecesarias, todas y cada una de las subvenciones a los partidos políticos, fundaciones, etcétera.

Todos los partidos políticos propondrían candidatos, previas elecciones primarias en las que voten todos los afiliados, nada de delegados, para optar a ser Presidente de Gobierno, Presidente Autonómico, Alcalde, Gobernador, con posible segunda vuelta. 

Si estas propuestas se consiguieran disminuiría bastante el saqueo insaciable hacia el contribuyente.