La reforma laboral que mira a Europa Por Pedro Casares Hontañón Secretario de Política Económica y Transformación Digital del PSOE Portavoz de Economía en el Congreso

Estos días se debate en el Congreso de los Diputados la reforma laboral que ha planteado el Gobierno de Pedro Sánchez tras el acuerdo entre empresarios y sindicatos. Un acuerdo histórico, el primero en democracia, entre los representantes de las empresas y los representantes de los trabajadores.

Parece extraño que un acuerdo de estas características, que traspasa las ideologías y representa a una amplia mayoría, la que representan los agentes sociales, y que se acuerda también con el Gobierno que mayoritariamente ha apoyado la ciudadanía, no guste ni a la oposición de derechas en el Parlamento ni tampoco a los partidos nacionalistas. No escuchamos estos días al líder del Partido Popular, Pablo Casado, lamentar que los votos de Bildu o de ERC y los suyos comparten hoja de ruta para tumbar un buen acuerdo para garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Sus contradicciones y sus mentiras se destapan cuando ya no critican los votos de lo que ellos llaman etarras e independentistas si persiguen el mismo objetivo que el PP, que es desgastar al Gobierno aunque sea a costa del interés general.

Pero esta reforma laboral no es buena y necesaria solo porque nazca del acuerdo entre empresarios, sindicatos y Gobierno, no es solo buena porque sea el resultado de un proceso de diálogo social que reconoce e impulsa la Constitución y que el Gobierno de Pedro Sánchez ha tomado como eje de su manera de hacer política. Tampoco solo esta reforma laboral es buena y necesaria porque modifica la reforma laboral de 2012 aprobada por el PP con el rodillo de su mayoría absoluta sin escuchar ni dialogar ni consensuar con nadie, ni los sindicatos, ni la patronal ni los partidos políticos. Esta reforma es buena y necesaria porque mira a Europa y establece un nuevo marco de relaciones laborales que se asemeja a la realidad de nuestros países vecinos.

Esta reforma laboral es la herramienta imprescindible para crear empleo indefinido y estable y acabar con la brecha salarial de las mujeres y el desempleo juvenil, apostando por los contratos indefinidos y fijos-discontinuos, que va a permitir que muchos trabajadores con contratos temporales empiecen a tener una relación laboral más estable y segura como ocurre en otros países de la Unión Europea.

Una reforma que marca un antes y un después limitando los contratos temporales, que solo podrá usarse 3 meses por año, y la figura del contrato por obra o servicio que temporaliza y precariza el empleo. También, incrementando las sanciones por contratación irregular con hasta con 10.000 euros de multa y penalizando contratos de corta duración, ya que ahora un tercio de los contratos dura 5 días o menos.

Y también una reforma que apuesta, como en otros países europeos, por la formación, ofreciendo dos tipos: el de formación que combina trabajo y formación, y el de adquisición de la práctica profesional. Y en el que la negociación colectiva vuelve a ser el corazón de las relaciones laborales recuperando la prevalencia del convenio sectorial frente al de empresa, que solo podrá aplicarse si determina mejores condiciones salariales que el sectorial.

Más allá de sus ventajas, en democracia los acuerdos se respetan y se apoyan y un acuerdo de estas características, tan complejo, entre empresarios y sindicatos que representan a la amplia mayoría social, debería ser apoyado por todas las fuerzas políticas que deben representar los intereses de los ciudadanos y no sus intereses partidistas. Quienes votan en contra de esta reforma laboral en el Congreso de los Diputados están votando a favor de la precariedad y la temporalidad con la que el Partido Popular ha castigado a los trabajadores y trabajadores de nuestro país con su reforma laboral en 2012.

Esperamos que la misma mayoría parlamentaria que ha hecho posible que España cuente con dos presupuestos generales consecutivos, que no ocurría desde 2014, que ha permitido subir el Salario Mínimo Interprofesional 230 euros al mes en tres años, que ha puesto en marcha el Ingreso Mínimo Vital, que ha protegido los empleos y la solvencia de las empresas durante la pandemia con los ERTE o los avales del ICO y que ha aprobado la revalorización y subida de las pensiones, apoye ahora una reforma laboral necesaria para avanzar