La legitimidad de las fronteras,

Tienen razón aquellos que, de vez en cuando, para excusar lo inexcusable, manifiestan que España ha sido, incluso continúa siendo, un país emigrantes económicos, pero nunca jamás en avalancha –porque si, a alguna ONG, le disgusta la palabra avalancha es mejor que no la utilice– ni en burbuja.

Inmigrantes/refugiados, ya sean climáticos o económicos, ha habido desde que la especie humana habita este planeta azul. La diferencia con la época actual es que en las anteriores no había tecnología que siguiera en directo, y en tiempo real, lo que ocurre como continuación de todo lo que ya ha ocurrido.

Es un déjà vu, aunque no se acepte.

La emigración, el exilio, la huida, el refugio, sólo puede efectuarse, como siempre ha sido, hacia Occidente, porque la cultura oriental, mediante sus rígidas e inexpugnables fronteras, está herméticamente cerrada a la admisión ilegal exterior.

La emigración puede llegar a ser un derecho, pero no se debe olvidar que a todo derecho le asiste una obligación, a modo de reciprocidad. El derecho se ha convertido en una ayuda, –nada es gratis–, que paga la presión fiscal permanente e in crescendo, instaurada por el Estado receptor, sobre los sufridos contribuyentes legales para poder financiar a los nuevos pobladores ilegales.

Es por eso que la obligación de toda persona ilegal acogida debe buscarse un empleo, en lugar de mantenerse a base de asistencia de prestaciones sociales in aeternam, para tratar de paliar conscientemente el gasto que genera su estancia.

La sensatez en materia de inmigración, si es que existe, debería comenzar por los políticos, es decir, no engañar a los votantes, a los contribuyentes, con falsas premisas, falsas promesas, falsas expectativas, a base de falsa caridad, de falsa solidaridad, de falsos derechos humanos, ofreciendo lo que no se tiene, porque los Presupuestos

Generales del Estado, al no ser elásticos, no pueden dar para más, a no ser que los políticos aterricen y dejen de tener sueldos y prebendas inalcanzables para cualquier trabajador.

No debería ser necesario reseñar que toda emigración es aceptable, siempre que sea legal, y nunca jamás clandestina e impuesta, porque los países donde más lo aprecian son aquellos que tienen leyes y normas más rígidas, y traspasar la línea roja puede conducir a la muerte.

Es posible que en la idiosincrasia de ciertas ONGs no existan ciertas fronteras, lo cual es una grave contradicción socio-sanitaria. Sin embargo, éstas fueron creadas por los Estados para que quien las traspase debe estar documentado, no ser violento ni alardear de ello; para dar seguridad personal y social a sus ciudadanos contra personas ilegales, contra malhechores, contra personas portadoras de enfermedades infectocontagiosas, algunas mortales de necesidad.

Antes de cualquier admisión se debe exigir un quid pro quo, sea de cualquier raza, religión, pues no se trata de racismo ni de xenofobia, sino de una asimilación de los valores de la sociedad que les acoge, y sobre todo tolerancia, porque no es bueno atraer a vagos y maleantes, sino a personas que acepten la cultura y las costumbres, además de aportar su saber y su trabajo.

Tanto la caridad como la solidaridad jamás se deben imponer, pues aquél que trate de imponerlas colectivamente debe dar ejemplo.