Inmigración ilegal vs pensiones, por Alfonso Campuzano

Tanto un Gobierno como otro son responsables inexcusables de todo lo que ocurra con los gobernados –acostumbrado a utilizar como rehenes a los contribuyentes, sin que reclamen nada– ya que, en lugar de crear empleo competitivo, su obsesión es dedicarse a ampliar faltriquera y patrimonio personales, mientras la juventud –maltratada por su infame gestión económica–, harta de intentar cambiar gobiernos, toma la decisión de emigrar.

Cuando se ven tantos inmigrantes menores no acompañados se puede llegar a pensar que sus padres los utilizan de avanzadilla, a modo de maltrato, como escudos humanos, con el propósito de reagruparse en el país acogedor y paternalista de turno.

Si los políticos no hubieran dado publicidad de medidas –sociales descontroladas, trastornadas, descerebradas–, de máxima atracción mediante la distribución de impuestos, casi esquilmatorios, a favor de inmigrantes ilegales & refugiados que, aumentan, año tras año, gracias a cualquier Gobierno de alterne, que una vez ambientados­­ ­–que no integrados–, son capaces de manifestar que, con la pensión no contributiva y múltiples subvenciones familiares que reciben –a cambio de ninguna contraprestación–, no es necesario trabajar, porque disponen de lo suficiente para vivir, mientras que las familias españolas trabajadoras no llegan a cobrar ni de lejos esas cantidades mensuales e indefinidas.

Cuando un político –cientos– no sabe gestionar, no hace nada porque el país prospere, salvo que descienda sin derecho a frenada por la pendiente de la bancarrota, debe dimitir inmediatamente, o ser cesado, y ser sustituido por una persona responsable que no destroce la colectividad.

De nada sirve endurecer las jubilaciones, incluso anticipadas, con una mayor cotización y una extensión del periodo de cómputo de años de vida laboral para cuadrar el cálculo definitivo de las pensiones, porque el coste de un inmigrante ilegal & refugiado supone a los contribuyentes españoles más de 6.000€/mes, cuando el sueldo mínimo interprofesional es de 900€/mes. Este timo presupuestario –que no es infinito, que tiene límite y fondo–, constituye un despilfarro tan inconcebible que se agota sin remedio.

Desde el punto de vista interventor, la gestión es pésima cuando se observa abundante fraude –irresponsabilidad administrativa, picaresca cultural–, en referencia a Servicios Sociales totalmente gratis e inmediatos –escolaridad, comedor público, renta de alquiler de domicilio, agua, electricidad, calefacción, teléfono e internet, bono de comida en supermercado, pañales, papillas, cochecito y/o silla del bebé, atención médica, medicamentos, prestaciones de ortopedia, piscina, además de recibir pensiones no contributivas, extraídas de la Caja/Hucha de la Seguridad Social, y un largo etcétera– sin aportar trabajo ni cotización, mientras que el español, trabaje o no, nunca disfruta de estos beneficios porque es ninguneado, además de tener que hacer frente a hipotecas para acceder una vivienda digna –cuyos intereses bancarios se llevan el sueldo y la vida, y que, a veces, finalizan en desahucios injustos–, por no hablar de alquileres desorbitados.

Así que el futuro de las pensiones de los españoles, que cotizan mensualmente para poder recibir, una vez jubilados, catorce pagas mensuales, está virtualmente en el alero por desidia gubernamental.

Lo moralmente razonable, social y administrativamente hablando, sería revisar, reformar, rectificar todo lo referente a la inmigración para que fuera enteramente legal y coordinada con los puestos de trabajo que un territorio pueda ofrecer, pagara sus impuestos, incluso superiores a los oriundos con vistas a su futura pensión, porque lo demás es marear la perdiz, así como acentuar un discurso político puro y duro demagógico, como es costumbre.