Unidos x Laredo impugna el contrato de recogida de residuos por "irregularidades" en la Mesa de Contratación

Según ha denunciado este viernes el edil en nota de prensa, la Mesa de Contratación designada para la contratación de este servicio --con un presupuesto de licitación superior a 46 millones de euros y un plazo de vigencia de 10 años-- "podría incumplir la normativa vigente en cuanto a su composición mínima".

Así, ha concretado que según la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), la Mesa debiera contar con un mínimo de tres vocales, además del presidente. Sin embargo, ha señalado, en este caso, la Mesa fue constituida "únicamente con el presidente, el secretario y el interventor, lo que podría contravenir la Disposición Adicional Segunda de la LCSP".

Esta "irregularidad" afecta "directamente la validez de las decisiones adoptadas y vulnera los principios de transparencia, igualdad y concurrencia", ha asegurado Arenas.

El recurso presentado por UxL solicita que el Tribunal "declare nulas las actuaciones de la Mesa de Contratación por su constitución irregular"; que retrotraiga el procedimiento administrativo al momento previo a la constitución de la Mesa, "garantizando el cumplimiento de los requisitos legales"; que suspenda de manera "cautelar" la tramitación del procedimiento de licitación para "evitar perjuicios irreparables", y que notifique su resolución a todas las partes interesadas, incluyendo los licitadores.

El concejal pejino ha destacado asimismo que la "irregularidad" detectada no sólo podría "infringir" la legalidad, sino que también "podría poner en riesgo la transparencia y equidad del proceso de licitación, comprometiendo los intereses públicos".

"Un contrato de esta magnitud requiere una actuación impecable por parte de la Administración. No podemos permitir que se avance con un procedimiento que presenta defectos legales tan graves", ha declarado el portavoz.

Este recurso especial, ha detallado, llega tras la inadmisión por parte de la Alcaldía de Laredo de un recurso previo, alegando "extemporaneidad y falta de legitimación activa del solicitante".

El grupo municipal considera que las circunstancias legales "justifican plenamente" la intervención del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales para "garantizar la corrección del procedimiento", y ha advertido que su resolución será "clave" para definir el futuro de "uno de los contratos más importantes del municipio y sentará un precedente sobre la rigurosidad con la que deben aplicarse las normas de contratación pública", ha finalizado.