Un informe alerta de que la "parálisis" en el Congreso afecta a las CCAA: solo siete leyes con impacto regional en 2025
La quita de la deuda y el modelo de financiación están "condenados al fracaso parlamentario" por la postura de Junts, según los autores
El Informe de las Comunidades Autónomas destaca que 2025 ha sido un año de "inestabilidad" parlamentaria en el Congreso de los Diputados, algo que ha afectado directamente a las regiones, ya que solo se han aprobado siete leyes y cinco decretos-leyes a nivel estatal con efectos en el sistema autonómico.
Así consta en las valoraciones preliminares del documento, que se han presentado este martes en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid a cargo de los directores del Informe de las Comunidades Autónomas de 2025, la doctora Ana Carmona, el profesor Eduard Roig y el profesor Xavier Padrós.
Según este informe provisional, los mínimos legislativos son consecuencia directa de la fragmentación de la mayoría parlamentaria que sustenta al Gobierno, algo que es el reflejo de un escenario marcado por la "polarización extrema", con el distanciamiento de socios como Podemos y Junts.
Las normas estatales que tuvieron impacto en el sistema autonómico fueron la Ley de Eficiencia en la Justicia; la Ley contra el desperdicio alimentario; la Ley de Movilidad Sostenible; la norma que modifica la Ley de Navegación Aérea; la Ley de atención a la clientela; la Ley de modificación del Concierto Económico con el País Vasco y la Ley de modificación del Convenio Económico con Navarra.
En cuanto a los decretos-leyes destacados, el informe pone el foco en los cinco que han tenido relevancia estructural en el sistema autonómico, como el de reparto de menores migrantes, el de entregas a cuenta, el de ELA y Dependencia, el de los funcionarios de administración local con habilitación nacional y el de prórroga del escudo social.
¿QUÉ PASARÁ CON LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA?
El informe preliminar también se adentra en la condonación de la deuda y el nuevo modelo de financiación autonómica, detallando la negociación previa entre el PSC y ERC para posteriormente pasarlo a una propuesta concreta que se debatió de manera multilateral.
Sin embargo, los autores del informe creen que ambas propuestas parecen "condenadas al fracaso parlamentario" por la posición contraria de Junts, "nueva expresión de su batalla con ERC por el electorado soberanista, que hace prácticamente imposible que cada una de las dos formaciones políticas puedan apoyar cualquier propuesta atribuible a la iniciativa de la otra".
"El resultado es el bloqueo por ahora de cualquier negociación y del propio CPFF y un nuevo año de retraso de la reforma del modelo, a retomar en 2026 y sin expectativas de avance en el futuro inmediato", añade el informe.
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