Torra reactiva la Hacienda catalana de recaudación y Sánchez mira para otra parte

   Un informe de la Guardia Civil advirtió al juez de que el programa de homogeneización tributaria de la Agencia Tributaria Catalana (ATC) para recaudar impuestos estatales, que fue anulado por el Gobierno de Mariano Rajoy y ahora reactivado por el Ejecutivo de Joaquím Torra, pretendía ser el embrión de la futura Hacienda catalana con la que recaudar los fondos inciales, entre 4.500 y 5.000 millones, para "financiar inicialmente" la República catalana.

   El documento de 165 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, fue entregado en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, en el que se investiga la preparación del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la creación de estructuras de Estado para la futura pretendida República.

   El pasado 27 de diciembre, el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, anunciaba que en los próximos meses se reactivaría el "Programa de homogeneización tributaria" que puso en marcha el Gobierno de Puigdemont, anulado después por el 155, para recaudar los impuestos y las cotizaciones sociales de los ayuntamientos catalanes y las empresas y el sector público de la Generalitat.

   Para ello, el Gobierno catalán realizó, durante el mandato de Puigdemont, convenios con los ayuntamientos, universidades y entes del sector público de la Generalitat, que se comprometían a liquidar el IVA, el IRPF y las cotizaciones de Seguridad Social con la Agencia Tributaria Catalana (ATC) y con la Dirección General de Protección Social del Departamento de Trabajo.

   Estos, a su vez, asumían el compromiso de presentar las autoliquidaciones y los ingresos de las cuotas correspondientes de los tributos de titularidad estatal ante la Hacienda estatal y la Seguridad Social.

   Para realizar todo este proceso, la Generalitat también encargó el desarrollo de un programa informático a IBM que costó 241.382 euros y también fue anulado por el Gobierno de Rajoy, con el gasto añadido de otros 16.162 euros que supuso su desactivación. Aunque el mayor desembolso no se llegó a realizar ya que, según el informe de la Guardia Civil, el impulso de la administración digital que este programa requería llevaba aparejada una dotación económica de 2,93 millones de euros para sufragar su coste total acumulado.

   La Generalitat argumentó que este programa serviría para facilitar y dotar de mayor eficacia a la recaudación del IRPF y de las cotizaciones sociales de ayuntamientos y empresas de la comunidad autónoma catalana.

   Sin embargo, la Guardia Civil rebate este argumento y alega que sumaba más burocracia a la vez que obligaba a los obligados tributarios a liquidar con la ATC cinco días antes de que expirara el plazo para hacerlo con la Hacienda estatal.

   Tras analizar numerosa documentación, entre ella la intervenida al exsecretario de Hacienda, Lluís Salvadó, los investigadores concluyen que lo que pretendía la Generalitat era que la ATC asumiera "de facto" una competencia estatal "amparándose para ello en el desarrollo de una medida aparentemente legal", en un "posible fraude de ley".

   "El objetivo final que buscaban los máximos responsables de la Generalitat de Cataluña con esta medida no era otro que el de poder canalizar una importante fuente de ingresos tributarios a través de la ATC, obteniendo de este modo el pleno control sobre los mismos", expone el Instituto armado.

  CAPACIDAD PARA BLOQUEAR LO RECAUDADO

   En el informe, los investigadores precisan que, tras analizar la iniciativa en su conjunto se debe "advertir" que, de haber estado plenamente operativo este Programa de homogeneización tributaria, los máximos responsables de la Generalitat "habrían tenido en su mano la capacidad de bloquear en cuentas bancarias de la Agencia Tributaria Catalana el importe de la recaudación tributaria del sector público catalán, simplemente evitando transferir a la AEAT la cuantía de lo recaudado por estos impuestos".

   El programa de "homogeneización" empezó a ejecutarse poco antes del 1-O y los investigadores consideran que habría podido ser una "herramienta muy importante para conseguir financiar a la Generalitat" en el supuesto de que el día 1-O de 2017 hubiera ganado el "sí" a la República.

   La cantidad habría oscilado entre los 4.500 y los 5.000 millones de euros para "llegado el momento en el que declarasen la independencia, poder financiar inicialmente la nueva administración estatal de Cataluña" al menos hasta que la Agencia Tributaria Catalana "tuviese capacidad suficiente para recaudar todos los impuestos que hasta ese momento se venían recaudando en Cataluña".

   De hecho, la Guardia Civil cree que los responsables de la ATC estarían "preparando a esta agencia tributaria para sustituir a la AEAT en la recaudación de tributos realizados en Cataluña" en caso de independencia.

  EXCEDÍA LAS COMPETENCIAS DE LA CCAA

   Los investigadores recopilan en este texto el informe jurídico realizado por el Gobierno de Rajoy para respaldar la decisión de anular el citado Programa de recaudación de impuestos estatales, así como de los convenidos que firmó el Govern con ayuntamientos, entes y empresas del sector público catalán.

   Este informe del Ejecutivo popular dejaba claro que la ATC asumía funciones que excedían de sus competencias porque ni esta agencia tributaria ni ninguna otra puede actuar como "representante voluntario de un colectivo de contribuyentes"

   También han aportado en el Juzgado las reticencias que expresaron numerosos ayuntamientos catalanes, entre ellos, el de Calella, cuyo interventor remitió un informe jurídico a la Generalitat, que fue intervenido al entonces secretario de Hacienda Lluis Salvadó, en el que dejaba claro que "la firma del convenio de colaboración" que había sido remitido desde la ATC "no se adecuaba a la legalidad" porque la ATC "no tiene atribuidas competencias propias de recaudación de estos tributos" estatales.

   Entre otros documentos, los investigadores aportan un intercambio de mails entre el abogado Marc Sanglas y Lluis Salvadó en el que le propone el texto de una carta que pensaban adjuntar a las mociones sobre los convenios con la ATC que iban a firmar los ayuntamientos "para dar más énfasis al hecho".

   En ella se decía lo siguiente: "Como sabéis, el Gobierno ha hecho los últimos meses un esfuerzo importnate para el despliegue de la Agencia Tributaria de Cataluña y de la Agencia de Protección Social, lo que nos ha permitido gestionar los tributos y la protección social que sean competencia de la Genearlitat de Cataluña en cada momento. El siguiente paso para la implantación de estas dos nuevas estructuras de Estado pasa por la colaboración con los entes locales, a través de dos convenios".

   Sin embargo, Salvadó le corrige y sustituye la frase de las estructuras de Estado por otra en la que dice que "uno de los ejes estratégicos de trabajo pasa por ofrecer servicios de soporte a los entes locales en la tramitación de los impuestos y las cotizaciones sociales". Un hecho que los investigadores consideran que es un "intento de disimular la realidad" de la iniciativa para evitar que "pudiese vincularse con el proceso independentista".