La AN imputa a Cerdán y la gerente del PSOE en el `caso Leire` e investiga si se trató de obstruir casos judiciales

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz ha acordado imputar al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y a la gerente del partido, Ana María Fuentes, en la causa en la que ya investigaba a la exmilitante socialista Leire Díez y en la que ahora también indaga en si hubo una trama para desestabilizar causas judiciales sobre la formación.

Según han indicado a Europa Press fuentes jurídicas este miércoles, el magistrado instructor ha dado ese paso porque investiga, entre otras cosas, si se pagó desde el PSOE a la presunta trama que buscaba información sensible contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad que participan en casos judicializados que afectan a los socialistas.

El juez instructor dirige la causa contra Díez, Cerdán, el exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías, el empresario Javier Pérez Dolset, el guardia civil Juan Sánchez Yepes y los abogados Jacobo Teijelo, que ejerce la defensa del ex `número tres` del PSOE en el `caso Koldo`, e Ismael Oliver, que llegó a representar como letrado al exasesor ministerial Koldo García.

Las mismas fuentes indican que se les investiga por presuntos delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y contra las instituciones del Estado.

Respecto a la gerente del PSOE, el juez apunta a su indiciaria responsabilidad al menos como supuesta cómplice en esos presuntos delitos y, en todo caso, como presunta autora del delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas mendaces.

El juez apunta igualmente, pero sin declararles de momento como investigados, a Juan Manuel Serrano, que fue presidente de Correos, y al diputado socialista Juan Francisco Serrano, que fue `mano derecha` de Cerdán, que sigue en la Ejecutiva del PSOE, que preside la Comisión del Tribunal de Cuentas, y que como diputado está aforado ante el Tribunal Supremo.

Para Pedraz, existen indicios de su supuesta colaboración con los investigados en la ejecución de concretos y aislados actos en auxilio de su ilícito plan, aunque considera que habrá que esperar al desarrollo de la investigación para concretar su responsabilidad.

Gaspar Zarrías, que fue vicepresidente andaluz, declaró en el marco de otra investigación en los Juzgados de Plaza de Castilla sobre la exmilitante socialista, que instruye Arturo Zamarriego, que contrató a Díez para que investigase una supuesta implicación del comisario jubilado José Manuel Villarejo en la investigación de la trama de los ERE, por la que Zarrías fue juzgado. Según precisó, llegó a pagarle 4.000 euros mensuales durante cuatro meses por ello.

ACTUACIONES DE LA UCO EN FERRAZ

Las imputaciones se han conocido el mismo día en que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han accedido a primera hora a la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz de Madrid.

El requerimiento de documentación lo ha ordenado el juez de la AN por una pieza separada que instruye y que afecta, entre otros, a Leire Díez, la presunta `fontanera` vinculada al PSOE.

Pedraz ha ordenado a la UCO que acuda a la sede del PSOE para requerir diversa documentación y archivos electrónicos en una investigación contra una presunta trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectan al PSOE o al Gobierno.

Además, ha ordenado que los agentes se personen igualmente en los domicilios de Cerdán y de Zarrías, según han indicado a este agencia de noticias fuentes del caso.

El magistrado considera que la actividad presuntamente delictiva investigada es grave por las penas que pudieran imponerse y el elevado importe de las transacciones económicas que se analizan, por lo que considera proporcionados los requerimientos acordados.

Las medidas se concretan en requerimientos a personas físicas y jurídicas, así como a entidades públicas y privadas para que hagan entrega con carácter inmediato de toda la documentación, archivos electrónicos e información que se precisa, según las fuentes.

A principios de mes, el juez de la Audiencia Nacional prorrogó un mes más el secreto de sumario en la causa que investiga a Díez, Fernández y otros por presuntas irregularidades en contratos de empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI.

Pedraz asumió las pesquisas el pasado mes de diciembre después de la detención de la exmilitante socialista, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario y administrador de Servinabar Antxon Alonso, vinculado al ex `número tres` del PSOE.

PRESUNTAS COMISIONES

La UCO sospecha que Díez, Fernández y Alonso habrían cobrado 700.000 euros en comisiones "implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI" en un total de cinco operaciones bajo sospecha.

Los tres habrían formado parte de un grupo llamado `Hirurok` dirigido a orientar "diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros, aprovechándose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública", según consta en un auto del magistrado Antonio Piña, quien estaba de guardia el día que pasaron a disposición judicial.

Entre 2021 y 2023, Díez, Fernández y Alonso habrían actuado de manera coordinada con el objetivo "de obtener el máximo beneficio económico a través del cobro de comisiones" a través de "contratación y facturación mendaz", según la investigación.

En conjunto, habrían conseguido decisiones favorables a sus intereses desde distintas administraciones "y a través de diferentes cargos públicos, implicando en su operativa a empresas públicas" y entidades vinculadas a la SEPI en un total de cinco operaciones que están siendo investigadas.

La UCO intervino material informático y dispositivos electrónicos durante un registro efectuado en el domicilio de Díez. Posteriormente, el magistrado solicitó a la Guardia Civil que realizara un expurgo del mismo para preservar todo aquello que no tenía nada que ver con la causa.

Los agentes ya accedieron a la sede federal del PSOE en Ferraz en junio de 2025 tras la imputación del entonces secretario de Organización, Cerdán, que dimitió tras su imputación en la pieza del `caso Koldo` relativa a presuntos amaños de obra pública.