El TC avalará esta semana amnistiar la malversación del `procés` entre críticas al Supremo por no respetar la norma

Los magistrados del TC se reúnen para debatir la aplicación de la amnistía al exconsejero Jordi Turull, secretario general de Junts, y a la también exconsejera con ERC Dolors Bassa.

Durante estas últimas dos semanas se han conocido los borradores de sendas ponencias, ambas favorables a amnistiar la malversación, aunque con diferencias en su redacción: la correspondiente a Turull, a cargo del magistrado encuadrado en el bloque conservador y contrario a la amnistía José María Macías, y la de Bassa, redactada por el propio presidente de la corte de garantías, Cándido Conde-Pumpido, del sector progresista.

Es en esta última ponencia en la que se incluyen unas críticas más claras a la decisión del Supremo de no amnistiar la malversación por incurrir en motivos de excepción como un enriquecimiento personal de carácter patrimonial y afectación a los intereses financieros de la Unión Europea en el proceso que llevó al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Conde-Pumpido señala que el alto tribunal realizó una "interpretación extensiva, contraria al espíritu y finalidad" de la ley de amnistía, a la vez que hace hincapié en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) consideró en su sentencia del pasado julio, con la que avaló la amnistía, que "no puede apreciarse que los intereses financieros" comunitarios "se vean afectados por el mero hecho de la disminución de la renta nacional básica".

FALTA DE COHERENCIA CON LA NORMA

Según su borrador de ponencia, al que tuvo acceso Europa Press, las resoluciones que no han perdonado la malversación "han incurrido en una interpretación impredecible de los preceptos aplicables".

Y "además, al apartarse de la finalidad de la ley de amnistía, no han mantenido el nexo de coherencia necesario entre la decisión adoptada, la norma que le sirve de fundamento y los fines que justifican la institución de la amnistía", apostilla.

El presidente del TC señala que el Supremo excedió los límites al "expulsar" del ámbito de aplicación de la ley "supuestos de malversación que están comprendidos en su tenor literal y que son idóneos para realizar su fin último de pacificación del conflicto social e institucional generado por el proceso secesionista en Cataluña".

De ahí considera que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de la exconsejera y subraya que, en los hechos por los que fue condenada, concurren los presupuestos que determinarían su encaje dentro de la amnistía.

Conde-Pumpido declara nulas las resoluciones del Supremo, reclama que "se declare amnistiado el delito de malversación" y que se haga con el "carácter preferente y urgente" que establece la propia ley.

"QUIEBRA LÓGICA"

Por su parte, Macías, magistrado del sector conservador, asumió el pasado 22 de septiembre que su ponencia sobre la amnistía a Turull, contraria como el Supremo a perdonar la malversación, no contaba con el respaldo de la mayoría progresista y decidió preparar para la próxima reunión plenaria una nueva acorde al sentir mayoritario.

En aquella primera versión, el magistrado apostaba por desestimar el recurso del secretario general de Junts, "al no apreciarse" que las resoluciones del Supremo "incurriesen en arbitrariedad, irrazonabilidad manifiesta ni error patente, ni que privasen al recurrente de una respuesta judicial fundada en derecho".

La nueva ponencia que presentará, y a la que ha tenido acceso esta agencia de noticias, declara que ha sido vulnerado el derecho de Turull a la tutela judicial efectiva en relación con los derechos a la representación y participación política y a la legalidad penal.

Por ello, aboga por restablecerlo en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de las resoluciones del Supremo que le denegaron la amnistía, y que se dicten nuevas que sean respetuosas con los derechos fundamentales que el Constitucional ve vulnerados.

La conclusión que plantea Macías es que el alto tribunal "se apartó de la finalidad de la norma, incurriendo en una quiebra lógica, consistente en aplicar un precepto con una manifiesta falta de sintonía con lo que la propia norma pretende, es decir, hacer decir a la norma lo que ésta no dice, ni quiso decir expresamente".

EL 'SÍ' DEL TJUE Y LA DECISIÓN DEL SUPREMO

Esta deliberación sobre los recursos de amparo llega después del respaldo a la medida de gracia por parte del TJUE, que descartó una de las premisas del Supremo para no conceder definitivamente la amnistía, esto es, que se afectó a los intereses financieros de la Unión Europea con el referéndum ilegal. No obstante, no se pronunció sobre el otro supuesto apreciado por el alto tribunal, que hubo beneficio personal para los dirigentes independentistas.

Cuando se oficialice el aval del TC, el Supremo agilizará su decisión sobre aplicar la amnistía a Puigdemont y el resto de recurrentes, después de que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado también se mostraran partidarias de perdonar la malversación.

Según fuentes del Supremo consultadas por Europa Press, de estimarse el recurso de amparo de Turull y Bassa, se aplicará la amnistía al expresidente de la Generalitat si la doctrina del Constitucional puede aplicarse a todos los recurrentes.

Dicho de otro modo, la amnistía podría aplicarse a Puigdemont siempre y cuando la argumentación del Constitucional sobre Turull y Bassa contemple una doctrina extensible a los otros recurrentes.

De darse estas circunstancias, el magistrado del alto tribunal instructor del 'procés', Pablo Llarena, aplicaría la amnistía a Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, procesados y sin juzgar por haber huido en 2017, mientras que la Sala de lo Penal tendrá que pronunciarse sobre los condenados: Junqueras, Turull, Bassa y Romeva.