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Economía 14-06-2021 14:45

Las CCAA necesitarán más de 35.000 millones de euros hasta 2030 para gasto social, según Funcas

Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Canarias y Baleares, las CCAA que mayor presión soportarán

   MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

   El estudio \'La sostenibilidad del gasto social en las haciendas autonómicas. Perspectivas 2018-2030\' de Funcas señala que las necesidades de gasto de las CCAA, teniendo en cuenta otros factores de crecimiento del gasto adicional al demográfico como la tecnología sanitaria o la adecuación del nivel de gasto per cápita educativo al referente europeo, se duplican hasta los 35.837 millones, casi dos veces y media el previsto si se considera solo el factor demográfico.

   Según explica Funcas en una nota de prensa, recogida por Europa Press, en este caso, el 62% del incremento de gasto se explica por sanidad, el 15% por "otros servicios sociales", seguido de educación (12%) y dependencia (10%). El incremento medio anual previsto del gasto es del 2,1% para el conjunto autonómico, que se agudiza en las CCAA con más crecimiento del número de mayores, como Baleares, Madrid y Canarias.

   En el escenario base prepandemia, las necesidades de gasto social autonómico que se infieren exclusivamente de la evolución demográfica alcanzarían los 14.371 millones de euros hasta 2030, con un incremento medio anual del 0,8%. La mayor parte de este aumento, 94%, se explica por el componente sanitrio y se concentra en aquellas comunidades donde los tramos de edad superior a 65 años crecerán más en términos absolutos --Canarias, Baleares, Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana--.

  MAYOR DIFICULTAD PARA CUMPLIR LA REGLA DE GASTO

   El incremento restante corresponde a la evolución de los gastos en dependencia. En contraste, por razones demográficas el gasto en educación podría generar incluso un ahorro de no mediar otros factores que lo impulsen al alza.

   Es decir, la presión demográfica por sí sola no pondría en riesgo la sostenibilidad del gasto social autonómico atendiendo a la regla de gasto, excepto en los primeros años del período analizado, hasta 2020. Son las CCAA anteriormente mencionadas las que tendrían mayor dificultad para el cumplimiento de dicha regla fiscal.

   Además, el estudio incorpora un escenario postpandemia, que recoge el aumento previsible de la presión política y social para elevar la calidad y la dimensión de los servicios públicos fundamentales. En el caso del gasto sanitario autonómico, el refuerzo estimado supone un 7,4% de mayor gasto real que en el escenario prepandemia, es decir, unos 5.125 millones en términos reales.

   El gasto sobre PIB real aumenta y se mantendría cerca del 7,1% hasta 2030, lo que supone 1,2 puntos más respecto al nivel que hubiera alcanzado en el escenario prepandemia. La subida del gasto sanitario en términos de PIB resituaría a España en el contexto internacional en términos relativos.

  GASTO EDUCATIVO Y DEPENDENCIA

   En cuanto al gasto educativo, el aumento de 2.000 millones de euros del Fondo Covid cubre la mitad del asumido en un entorno previo a la pandemia. Esta consolidación del gasto educativo excepcional de 2020 se explica no solo por las medidas de seguridad, sino también por nuevas necesidades derivadas del confinamiento para ir adaptando el sistema educativo.

   En dependencia y otros servicios sociales, Funcas señala que no hay datos ni avances firmes hasta ahora para suponer incrementos adicionales de gasto. La diferencia entre los escenarios pre y post pandemia en dependencia es un incremento extra de unos 1.800 millones en 2020, hasta los 2.638 millones diez años después.

  PRORROGAR MÁS TIEMPO LAS REGLAS FISCALES EUROPEAS

   Por último, Funcas apunta que, desde la perspectiva de la sostenibilidad fiscal, es previsible que la suspensión temporal de las reglas fiscales europeas se prorrogue más tiempo de lo esperado.

   En la medida en que se reactiven dichas reglas fiscales (déficit, deuda y regla de gasto), será necesario establecer una hoja de ruta interna factible para recuperar la disciplina fiscal y garantizar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, en particular déficit y deuda.

  

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