La UGT, Alvarez, pide modificar el texto de la reforma laboral para que lo aprueben los independentistas Bildu. PNV y ERC con una CEOE de Garamendi a uvas

No obstante, ha pedido que si hay enmiendas no se presenten "por la puerta de atrás" y se tenga en cuenta la opinión de las organizaciones sindicales y empresariales, que han hecho "un acuerdo muy pensado, con muchas horas y mucho trabajo".

"Tiene que haber un nivel de lealtad entre los firmantes del acuerdo. En ese proceso de tramitación parlamentaria, tenemos que ser conscientes de que haya algunas cuestiones de flexibilidad y que aquellas cuestiones que se quieran cambiar puedan negociarse con los interlocutores sociales", ha dicho Álvarez en una rueda de prensa.

El secretario general de UGT ha solicitado el respaldo de los partidos políticos que dan soporte al Gobierno, que ya han expresado sus reticencias al texto, y les ha recordado que la aprobación de la reforma puede posibilitar la negociación de otras reclamaciones sindicales.

En el caso de Bildu, les ha instado a "entender la fase" en la que se encuentra el país, mientras que a ERC les ha expuesto la situación de Cataluña, "una de las Comunidades donde hay más precariedad y temporalidad más alta".

"Los partidos políticos que con más o menos cariño vienen dando soporte al Gobierno deberían ser conscientes de que estamos ante uno de los elementos que más repercusión tienen en los ciudadanos de nuestro país. Lo que hemos acordado es bueno, y lo que no está hay que seguir negociando para poder incorporarlo", ha añadido.

El secretario general de UGT también ha agradecido la "posición coherente" de Ciudadanos respecto al texto. No obstante, ha calificado de "surrealista" la actitud de rechazo del PP, sobre todo cuando el acuerdo de la reforma laboral contó con el apoyo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

Álvarez ha criticado la oposición de los populares desde antes de conocer la reforma y le ha recordado a Pablo Casado que "se trata de España". También ha indicado que el PP tendrá que explicar sus votantes su cerrazón y su "no por el no".

"Si viviéramos en un país normal, el PP daría soporte a la reforma, con un apoyo o una abstención. Como vivimos en un país en el que eso no es posible y hay que atender a cuestiones de carácter político, creo que entre que se apruebe o no se apruebe, prefiero que se apruebe con algún acuerdo", ha expresado, en relación a posibles enmiendas de otros grupos parlamentarios.

ABRIR UNA NUEVA MESA DE NEGOCIACIÓN

Álvarez ha reconocido el "hito importantísimo" que supuso la aprobación de la reforma laboral, aunque ha insistido en que hubo elementos que "se dejaron por el camino", ya que en la mesa de negociación solo se abordaron las cuestiones comprometidas con la Comisión Europea.

Por eso, el secretario general de UGT no descarta que se vuelva a abrir una nueva mesa de diálogo para tratar otras cuestiones importantes para los sindicatos, como los despidos, aunque ha aclarado que no existe ningún compromiso del Gobierno para que esto ocurra.

"Quedan aspectos muy importantes. Nosotros los vamos a abordar. Nos gustaría que esas fuerzas políticas que dudan por eso, trabajen en la dirección de que se consiga una mayoría social y política en el Parlamento para que este punto sea un punto y seguido y se puedan continuar aprobando otros aspectos importantes", ha recalcado Álvarez.

En concreto, ha incidido en el encarecimiento del despido y la restauración de los 45 días por despido improcedente. También en la necesidad de reforzar la Inspección de Trabajo, tanto con recursos materiales como humanos, para garantizar el cumplimiento de la nueva ley.

"La Inspección de Trabajo tiene muy pocos efectivos para hacer bien su trabajo y una norma sin elementos para controlarla es una norma que queda coja y va a ser difícil que se pueda cumplir", ha dicho Álvarez.

A pesar de que en su opinión la reforma laboral todavía tiene margen de mejora, "eso no puede quitarle mérito al cambio sustancial que representa la normativa".

Gobierno, sindicatos y patronal acordaron el texto el pasado 23 de diciembre. El Ejecutivo lo aprobó en el Consejo de Ministros del día 28 de ese mismo mes y apareció publicada en el Boletín Oficial del Estado el 30 y entró en vigor el 31, como se había comprometido el Gobierno con la Comisión Europea.