Bruselas expedienta a España por no aplicar la reforma europea para facilitar las salidas a Bolsa de las pymes
También abre otro procedimiento por retrasos en la incorporación de la revisión europea de las normas sobre derivados financieros
La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción contra España por no haber completado la trasposición de la Ley de Cotización europea, destinada a facilitar las salidas a Bolsa y mejorar el acceso de las empresas a los mercados de capitales, especialmente de las pequeñas y medianas compañías.
España figura entre los 18 Estados miembro que no han comunicado a Bruselas la incorporación completa de esta norma a su legislación nacional, pese a que el plazo expiró el pasado 5 de junio, por lo que el Ejecutivo comunitario ha decidido enviarles una carta de emplazamiento, primer paso del expediente sancionador.
La reforma forma parte de la estrategia europea para la Unión del Ahorro y la Inversión y busca hacer más atractivos los mercados públicos de capitales de la UE. Entre otras medidas, introduce una mayor flexibilidad para que las firmas de inversión remuneren los análisis elaborados por terceros y establece un marco regulatorio para la investigación patrocinada por las propias empresas cotizadas.
Además, Bruselas ha abierto otro procedimiento de infracción contra España, junto con otros 20 países, por no haber incorporado plenamente a su legislación la directiva que revisa el reglamento europeo sobre infraestructuras de mercado (EMIR), cuyo plazo de transposición venció el pasado 25 de junio.
La actualización de estas reglas pretende reforzar la gestión de los riesgos asociados a este tipo de operaciones e introducir nuevas obligaciones para las entidades financieras y los supervisores con el fin de reducir los riesgos de concentración en los mercados.
En ambos casos, Bruselas ha enviado una carta de emplazamiento a los países afectados, que disponen ahora de dos meses para responder, completar la incorporación de las normas a su legislación y notificar las medidas adoptadas.
Si las explicaciones no resultan satisfactorias, la Comisión podrá remitir un dictamen motivado antes de decidir si lleva los casos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
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