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Crónica negra y Tribunales 05-11-2019 17:00

La Junta Electoral permite quedarse a los acampados de plaza Universidad de Barcelona

Rechaza que sea un acto partidista y pide garantizar el voto en el colegio de la UB

 

   La Junta Electoral Provincial (JEP) ha desestimado este martes la denuncia de Cs que pedía desalojar la acampada de plaza Universitat de Barcelona, por lo que permite mantener la protesta de los jóvenes acampados, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

   En el acuerdo, la JEP considera que hay garantías de que durante la jornada electoral se podrá acceder al colegio que hay en la facultad de la Universitat de Barcelona (UB) y que la acera y el carril bus frente al colegio estarán libres de "símbolos políticos o reivindicaciones".

   También ordena a las fuerzas de seguridad garantizar "que no se realizan actos de proselitismo electoral con los electores y que no se perturba su acceso al colegio" y que los acampados no interfieran en la votación.

   En la denuncia, Cs consideró que la acampada es un acto de campaña con mensajes coincidentes con algunas candidaturas, por lo que alegó que la protesta vulnera la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), a lo que la JEP contesta que el manifiesto de la protesta no menciona ningún partido y tiene peticiones "que van mucho más allá" del independentismo, y cita el acceso a la vivienda, la violencia de género y los derechos sociales.

   Además, el acuerdo destaca que la acampada "cuenta con una asistencia que no le otorga una gran repercusión" y no ocupa toda la plaza, por lo que hay espacios libres para hacer actos electorales además de los espacios alternativos que ha ofrecido el Ayuntamiento de Barcelona.

  ORDEN PÚBLICO

   El acuerdo también ha desestimado desalojar la acampada por motivos de orden público: "No es competencia de esta Junta Electoral Provincial ejercer competencias de orden público substituyendo a las autoridades gubernativas".

   La denuncia de Cs también pedía constatar la "inacción", y declararla contraria a derecho, del Ayuntamiento, la Generalitat y el Gobierno ante el corte de tráfico que ha provocado la protesta, sobre lo que la JEP ha respondido que no le corresponde hacer este tipo de pronunciamientos.

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