Justicia apuesta por la modernización digital y un plan de reactivación frente al Covid

   La titular del departamento en la región ha mostrado su apoyo al modelo reforzado de gobernanza coordinada entre las administraciones con competencia en materia de Justicia aprovechando la coordinación surgida como consecuencia de la pandemia, de forma que permita "afrontar las necesidades de la Justicia de forma alineada y con la máxima colaboración".

   A su vez, la consejera cántabra ha defendido que "el presente y el futuro" de la Administración de Justicia exige "la realidad objetiva de su situación, de los números, los datos y las cifras que nos permitan saber la marcha de las diferentes unidades, sus necesidades, que ámbitos precisan o precisarán apoyos, ayuda o inversión."

   "Toda esta información debe servir para reforzar la organización y el avance de la Administración de Justicia", por lo que ha considerado "un acierto" coordinar y colaborar en este aspecto para fortalecer las decisiones de gestión y organización en la Justicia basándose en datos".

   Asimismo, Fernández ha valorado el esfuerzo de seguir a apostando por la "modernización de la Justicia", que "avanza con paso firme en este proceso tecnológico", donde ha reconocido que "si Cantabria no es una de las Administraciones que más trabajo telemático desarrolla, estaremos cerca de serlo".

   Igualmente ha destacado otros aspectos como la cita previa o la gestión de turnos, como medidas que contribuyen a optimizar más "espacio, tiempo y trabajo".

   En este sentido, la consejera ha recordado que el Ministerio remitió el 21 de julio un documento de trabajo bajo el título `Anteproyecto de Ley de Reforma Procesal para la implantación de medidas de Justicia Digital y Sostenible`, cuya valoración inicial por parte de su departamento "no puede ser más que positiva", ya que recoge medidas de agilización en las leyes procesales, ampliación material y por cuantía de juicios verbales o simplificación de los incidentes en el monitorio, entre otros puntos.

   Sin embargo, ha señalado que "habrá que ver el contenido concreto de todas estas propuestas porque conllevan cambios que en todo caso deben garantizar derechos y al mismo tiene que ser efectivas".

   En cuanto al plan de reactivación, la consejera ha señalado que hasta la fecha no se ha producido un incremento "reseñable" en la entrada de asuntos en lo que se refiere a los Juzgados de lo Social y al Juzgado de lo Mercantil de Santander en el momento actual, lo que no impide, según Fernández, ir preparando las medidas para cuando la situación cambie y se produzca la temida "avalancha de asuntos".

   Tal y como ha trasladado, el "principal problema" del Plan de Actuación es su coste económico, ya que en Cantabria las medidas del Plan de Reactivación planteado por el Ministerio de Justicia, basado en ampliaciones de jornada y refuerzos de plantilla podría suponer para Cantabria un coste superior a los 35.000 euros en la primera fase de cuatro meses de la Fase I prevista hasta diciembre, afectando a 22 funcionarios (18 de los Juzgados de lo Social y 4 del Juzgado de lo Mercantil), cuya Fase II rondaría otros 80.000 euros para los suscesivos meses.

  OFICINAS MUNICIPALES Y REGISTRO CIVIL

   La titular de Justicia ha expresado "inquietud" por las declaraciones sobre el futuro de los Juzgados de Paz con las Oficinas Municipales de Registro Civil.

   Según ha explicado, en Cantabria la dispersión geográfica de la población exige mantener un servicio de Registro Civil técnico cercano al ciudadano, por lo que "nos gustaría conocer más sobre esa idea de Oficinas municipales y si esa idea repercute en la pervivencia de los Juzgados de Paz y Agrupaciones".

  CREACIÓN DE UN GRUPO DE TRABAJO DE JUSTICIA GRATUITA

   En la sesión del Pleno se ha aprobado el proyecto de borrador del nuevo Reglamento de la Conferencias Sectorial para facilitar y coordinar las labores de trabajo y coordinación.

   En el seno de dicha Conferencia se podrán crear grupos de trabajo, habiéndose impulsado ya por Cantabria y por otras CCAA la creación del Grupo de Trabajo de Justicia Gratuita con el fin de mejorar un servicio público esencial para las personas que carecen de recursos para litigar, garantizando la defensa y protección de sus derechos e intereses.

  FONDOS PARA LOS PLANES DE PALIAMIENTO DE LA CRISIS SANITARIA

   Paula Fernández ha considerado "esencial" realizar un plan económico a nivel nacional para sufragar los gastos realizados por las administraciones ejecutivas de Justicia, tanto el ya realizado como los que vendrá en los próximos meses y años.

   En este sentido ha cifrado en unos 519.000 euros el gasto extraordinario de la Administración de Justicia de Cantabria ha llevado a cabo para hacer frente a las consecuencias del COVID-19 hasta ahora, a lo que debería sumarse el gasto indicado en el Plan de Reactivación, ascendiendo a 635.000 euros.