El Parlamento cántabro reclama que los ayuntamientos puedan gastar también en 2024 sus remanentes

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes, con el único rechazo de Vox, reclamar al Gobierno de España que impulse las disposiciones legales necesarias para que se prorrogue a 2024 que las entidades locales puedan seguir ejecutando gastos e inversiones con cargo a sus remanentes.

La iniciativa, una proposición no de ley, ha partido del PRC, que ha defendido que en 2024 se mantendrán o incluso agudizarán las circunstancias globales y la "incertidumbre internacional" que justificaron que desde 2020 las reglas de gasto estén suspendidas, una medida que en principio se adoptó por la crisis económica y social provocada por la pandemia de coronavirus pero que luego se fue prorrogando por la crisis desatada y el encarecimiento de precios a causa de la invasión rusa en Ucrania.

En principio, la prórroga de la medida, que permite que los ayuntamientos puedan gastar sus ahorros en inversiones y gastos, expira a finales de 2023.

Sin embargo, los regionalistas sostienen que las consecuencias de la guerra de Ucrania continuarán o incluso se agudizarán, uniéndose a ellas las generadas ahora por el conflito árabe-israelí.

"El panorama no es mejor, se ha recrudecido", ha avisado la diputada Paula Fernández, quien además ha defendido que el uso de los remanentes ha supuesto una "inyección económica" que ha permitido a los ayuntamientos llevar a cabo actuaciones en beneficio de los vecinos.

Por todo ello, ha reclamado la prórroga de la medida, algo que han apoyado también PP y PSOE, pero no Vox, que ha sostenido que "no se puede justificar con cualquier excusa", algunas de ellas "peregrinas", el "descontrol del gasto municipal".

Según su diputado Cristóbal Palacio, este "descontrol" no se debe a la afección de cuestiones globales, sino en ocasiones de una "mala gestión" por parte de algunos ayuntamientos y de que se ocupan de atender ámbitos que no son de su competencia pero que asumen porque les son "rentables" desde el punto de vista político.

"No se puede apoyar el descontrol", ha dicho Palacio, que cree que si los ayuntamientos tienen remanentes es porque recaudan "más de lo que necesitan" y lo que tienen que hacer es "reducir los impuestos municipales" y "extraer" a los ciudadanos solo lo que necesitan para prestar las competencias que les son propias, y no otras.

En contraposición, para el PP la iniciativa es "positiva" y ha defendido que los remanentes son de los ayuntamientos y de sus vecinos por lo que cree que si una entidad local tiene una situación "saneada", no hay razón para que no puedan disponer de sus ahorros "como quieran y cuando quieran".

"¿Por qué lo tienen que guardar en un cajón?", ha preguntado su diputado Miguel Ángel Vargas, que ha defendido la "autonomía municipal" y que "sean los ayuntamientos los que descidan cómo, cuándo y en qué utilizan los remanentes".

Además, el PP, ante la posición de Vox, ha opinado que no se puede llamar "manirrotos" a los alcaldes y ha defendido la gestión que han realizado en los últimos años.

El PSOE también ha avalado la propuesta regionalista y ha defendido que los ayuntamientos prestan "servicios públicos fundamentales" y son los que "tienen mayor capacidad para llevar a cabo inversiones" que sirven para mejorar la vida de los vecinos. A su juicio, éstos han demostrado una "capacidad de gestión del gasto muy eficiente pese a que son la primera línea de atención".

El PRC ha lamentado no solo que Vox no apoye la iniciativa, evitando que salga adelante por unanimidad, sino los argumentos "torticeros" y "nunca reales y veraces" que ha empleado para justificar su rechazo.

"Así van a tener complicado tener alcaldes", ha advertido Fernández a Vox, al que ha recordado que todo el gasto de los remanentes tiene que estar avalado por informes de habilitados nacionales (secretarios, interventores, tesoreros...). "Esto no es una barra libre".

`NO` A UNA PROPUESTA DE VOX PARA CAMBIAR LAS BECAS DE COMEDOR

También Vox se ha quedado solo en la defensa de una iniciativa para que se cambie el modelo de beca de comedor actual, que ha contado con el rechazo de PSOE y PRC y la abstención del PP.

Para Vox, el actual sistema es "discriminatorio" e "injusto" e impera la "discreccionalidad" en función del título jurídico que tenga el centro en el que estudie el alumno (si es público o concertado).

Por ello, pedía implantar un modelo único de beca de comedor del que "puedan beneficiarse todas las familias cuyos hijos cursen sus estudios en centros sostenidos con fondos públicos", incluyendo, por tanto así, a los concertados.

Además, reclamaba incorporar en esas futuras becas de comedor el requisito económico en función de la "renta per cápita familiar" en lugar de la actual "renta familiar", para evitar la actual "discriminación" que, en su opinión, hay a las familias con mayor número de miembros.

Para Vox, el actual modelo pone en peligro la libertad de las familias de elegir el centro educativo en el que estudien sus hijos, provocando que haya familias que no puedan garantizar que sus hijos sigan en el mismo colegio por no tener los recursos económicos y no poder afrontar el servicio de comedor.

Y es que, según ha dicho, aunque este curso hay una prestación del servicio de comedor para ayudar a aquellas familias con necesidades económicas, ésta "ni atiende a todas las familias con hijos escolarizados en un centro sostenido con fondos públicos que se encuentran en la misma problemática económica, ni garantiza los mismosderechos de acceso a todas las familias".

A diferencia de alguna ocasión, en esta ocasión el PP no la ha apoyado. Y es que aunque "no duda del carácter positivo" de la iniciativa y cree que el modelo actual de becas de comedor tiene "margen de mejora" y "va a intentar mejorarlo" desde el Gobierno, considera que "un primer paso para avanzar no es cambiar el modelo de becas" sino analizar a qué colectivos deben dirigirse posibles mejoras o retoques.

"No puede hacerse ni de forma inminente ni a ciegas", ha afirmado el diputado Álvaro Aguirre, quien ha defendido que el modelo actual, aunque con posibilidad de mejora, es "garantista" y ya contempla becas para familias que se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad, algo que también ha subrayado PRC y PSOE.

Por su parte, el PSOE ha rechazado la propuesta de Vox porque significa "cargarse" un sistema de becas "que funciona". Sí cree que se podría trabajar, "si es necesario", en aumentar el presupuesto que se destina a becas de comedor o retocar alguno de los umbrales, pero no en "dar la vuelta al sistema como un calcetín".

Además, considera que los argumentos de Vox son "poco serios y creíbles" y cree que Vox solo "está preocupado por los suyos" y no por el interés general.

Por su parte, el PRC ha reprochado a Vox que esté "muy preocupado" por aquellas familias que mandan a sus hijos a centros concertados y que no tienen recursos y no esté "tan angustiado" por el esfuerzo que éstas hacen para pagar "cuotas voluntarias o arbitrarias" en ellos y que suponen "un copago". "Si le preocupasen estas familias estarían denunciando esta situación", ha aseverado la regionalista Teresa Noceda, para quien el sistema de conciertos se está desvirtuando" y hay centros en los que "prima el negocio por encima del proyecto educativo".

A Vox, "no le sorprenden" los discursos de PRC y PSOE, pero sí "muchísimo" el posicionamiento del PP y considera que no apoya la propuesta "a pesar de estar de acuerdo con ella" por "miedo a la izquierda" y a sindicatos como STEC por su "amenaza de guerra educativa".

Por ello, ha instado a los populares que "no se arrodillen", "acobarden y se agachen" ante la izquierda sino que se "levanten, peleen y defiendan sus principios".