El Gobierno cántabro ofrece subir un 20% el complemento salarial a los funcionarios de justicia

La Dirección General de Justicia del Gobierno de Cantabria ha planteado a los sindicatos un incremento retributivo de en torno un 20 por ciento del complemento específico autonómico de los cuatro cuerpos de la Administración de Justicia -Forenses, Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial-, y ha apelado a su responsabilidad para alcanzar "cuanto antes" un acuerdo ante una oferta "cerrada", que advierte que supone un "esfuerzo presupuestario sin precedentes" y "ya no tiene margen de mejora".

Tras una tercera reunión de la Mesa Sectorial del Personal de Justicia celebrada este miércoles y que ha vuelto a finalizar sin acuerdo, el Gobierno cántabro ha manifestado que, de no alcanzarse ya un pacto, se verá "obligado" a plantear otra subida salarial del complemento, esta vez "unilateral" y a partir de 2025, perdiendo los incrementos salariales previstos para este año e incluso las sucesivas e importantes mejoras salariales planteadas durante el proceso negociador.

"La obcecación ante una propuesta más que razonable del Gobierno cántabro puede provocar la pérdida solo este año de una cantidad próxima a los 1.000 euros por empleado público de justicia", ha defendido la Dirección General, quien ha pedido a los representantes sindicales que "sean conscientes" del alcance de la propuesta, que considera "justa, beneficiosa y adecuada a las disponibilidades presupuestarias".

En concreto, la propuesta "final" de la Dirección General de Justicia, que mejora "sustancialmente" la planteada al comienzo de la negociación, recoge una subida salarial progresiva del complemento autonómico de 150 euros mensuales para el Cuerpo de Forenses y Gestión, de 145 euros para el Tramitación y de 140 para el Cuerpo de Auxilio Judicial.

Se trata, ha dicho, de una subida que situaría a los funcionarios de Cantabria "entre los que perciben una mayor cantidad por este complemento retributivo" de España, y convertiría, al mismo tiempo, a estos puestos de funcionarios, pertenecientes a cuerpos estatales, en "más atractivos como destino" con respecto a los de los órganos jurisdiccionales de otras autonomías.

El incremento salarial del complemento, según lo planteado en la reunión de la Mesa Sectorial del Personal de Justicia, sería progresivo: en el entorno del 50% de subida este año y con carácter retroactivo a 1 de enero de 2024, y el 50% restante entre los años 2025 y 2026. De esta forma, el crecimiento salarial podrá alcanzar hasta los 1.800 euros anuales a partir de 2026.

La Dirección ha destacado que este incremento mejora de forma "sustancial" la oferta inicial presentada, "en algunos casos con incrementos del 40 por ciento" en respuesta a las demandas de los sindicatos, lo que demuestra "la voluntad negociadora" del Gobierno para alcanzar un pacto en este ámbito.

Igualmente, la propuesta del Ejecutivo regional incluye otros aspectos que mejorarían las condiciones laborales de los empleados públicos, como mejoras en las infraestructuras e instalaciones, medidas de seguridad y emergencia, formación para el proceso de adaptación a las nuevas tecnologías y cuantías de los complementos específicos de los puestos singularizados, entre otros complementos retributivos asociados al cumplimiento de objetivos de rendimiento y productividad.

Justicia ha recordado que este incremento salarial del complemento autonómico es "un compromiso de la consejera" de Justicia, Isabel Urrutia, enmarcado dentro de un futuro acuerdo para la modernización y mejora de la eficiencia del Servicio Público de la Justicia, con el fin de solventar las consecuencias en el funcionamiento del servicio derivadas de los conflictos laborales del pasado año a nivel estatal, así como del esfuerzo de estos empleados públicos para adaptarse a los cambios tecnológicos y a los que se introducirán en la futura normativa nacional.

Igualmente, la Dirección General de Justicia ha apuntado que no ha renunciado a su postura frente al Ministerio de que asuma sus competencias e incremente el complemento general de puesto para todos los empleados públicos de la Administración Justicia de España, una mejora retributiva vinculada a la puesta en marcha del nuevo modelo de oficina judicial que impulsa para todo el país, a lo que contribuye también el Gobierno cántabro con la subida del complemento autonómico.