Comienza el derribo de las dos primeras viviendas con sentencia de la urbanización Las Llamas II de Argoños

ARGOÑOS, 9 (EUROPA PRESS)

La empresa Excavaciones Huerta, contratada por el Ayuntamiento de Argoños, ha iniciado este miércoles el derribo de las dos primeras viviendas con sentencia de demolición de la urbanización Las Llamas II, en Camino del Portillo.

Una de ellas fue okupada el pasado sábado por la noche pero finalmente abandonada tras acudir la Guardia Civil, después del aviso del Ayuntamiento.

De las otras nueve viviendas con sentencia de demolición en esta misma urbanización, una también será derribada próximamente y las ocho restantes están okupadas en estos momentos. Respecto a éstas últimas, ha habido ya varias sentencias que impiden su desalojo.

A los propietarios de las dos casas que van a ser derribadas este miércoles -las correspondientes a los números 40 y 41-, el Gobierno de Cantabria les ha proporcionado una vivienda de sustitución en el municipio, en una zona cercana al Ayuntamiento.

Esta misma opción ha sido la escogida por los propietarios de la que será próximamente derribada (el número 32).

Mientras, los ocho titulares de las viviendas de la urbanización que están okupadas se decantaron por la indemnización ofrecida por el Ejecutivo regional, que cobraron hace cuatro años.

255 VIVIENDAS CON SENTENCIA DE DERRIBO EN ARGOÑOS

En Argoños, el número de viviendas con sentencia de derribo asciende a 255 y solo a estas once se ha dado por ahora una solución, bien indemnizando a sus propietarios u ofreciéndoles una vivienda de sustitución, según datos ofrecidos por el presidente de AMA, Antonio Vilela, que ha presenciado los trabajos de derribo junto al consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Roberto Media (PP), y el alcalde, el también popular Juan José Barruetabueña.

Media ha anunciado que, previsiblemente, esta misma semana se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) el concurso para adquirir más terrenos donde poder construir viviendas de sustitución para los afectados del municipio que se decanten por esta vía.

"Va a haber terreno suficiente para todos aquellos que lo quieran", ha asegurado al respecto el consejero.

También ha expresado la "disposición" del Gobierno para que al final de la legislatura se sepa qué afectados van a ser indemnizados y cuáles tendrán vivienda de sustitución y dónde.

Por su parte, AMA, la asociación que aglutina a los afectados por sentencias de derribo en Cantabria, ha reclamado al Gobierno que "a la mayor rapidez posible dé soluciones" y apruebe un plan de actuación "real, creíble, con presupuesto, que se ejecute, que tenga un tiempo delimitado".

"Después de 30 años necesitamos soluciones reales y rápidas", ha afirmado Vilela.

Y es que las viviendas de la urbanización Las Llamas II datan de 1997, fecha similar a las de muchas de las que tienen sentencia de derribo en el municipio.

VIVIENDAS CON SENTENCIA DE DEMOLICIÓN OKUPADAS

Respecto a las ocho viviendas con okupas que hay en Las Llamas II, que son propiedad del Gobierno regional tras haber indemnizado a sus propietarios, Media ha lamentado que sus "legítimos dueños" tuvieran que dejarlas porque los tribunales decidieran que tienen que ser derribadas e inmediatamente entraran okupas "que no están generado más que problemas" y no se les pueda expulsar y cumplir con las sentencias de demolición que pesan sobre estos inmuebles.

Ha indicado que, "aunque parezca mentira", la sociedad pública Gesvican tiene ya varias sentencias que impiden desalojarles para que se pueda proceder a su derribo y ejecutar la zona verde que está planificada en este lugar.

"Esta es la realidad de la okupación que muchos no quieren ver; que el PSOE y sus socios de Gobierno dicen que no existe, pero la realidad es esta. O cambiamos las cosas o vamos a seguir con gravísimos problemas en general en toda la vivienda tanto en Cantabria como en España", ha advertido.

Además, Media ha alertado de que el mismo problema que hay con estas ocho viviendas okupadas en Las Llamas II se puede dar en otras del municipio con sentencia de derribo: que cuando sus propietarios las dejen, sean okupadas y no se pueda proceder a su demolición. "Este problema, le vamos a tener multiplicado por 200", ha avisado.

"Tendremos que planificar muy bien cómo hacer esas cosas porque lo que no podemos hacer es dejar a Argoños invadido de okupas", ha añadido.

Vilela (AMA) también ha avisado de que ello se puede convertir en un "problema social" y de "convivencia" en el municipio. "Si esto ha pasado con once viviendas (ocho de ellas okupadas), imaginemos qué puede pasar con 230", ha indicado.

Según Media, el Gobierno ha comunicado al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, "que es el que tiene que hacer cumplir estas sentencias", la situación de las ocho viviendas okupadas en Las Llamas II. "Yo no sé si con la legislación que hay ahora mismo en vigor vamos a ser capaces de cumplir una sentencia judicial", ha añadido.

"Esto es de aurora boreal, que a los titulares se les haga cumplir las sentencia y a los okupas no... Piensen ustedes si esto es normal; si esto se lo contamos a un alemán, a un italiano, a un inglés, a un francés ¿qué pensarán de nosotros? Esta es la legislación que tenemos en España", ha apostillado.

El consejero ha señalado que las administraciones "no pueden trabajar" con una ley estatal de vivienda "que lo que hace es proteger claramente al okupa y dejar absolutamente desprotegidos a los titulares" y ha vuelto a reclamar un cambio legislativo.

"Mientras no acabemos con esta lacra (la de la okupación), el problema de la vivienda de nuestro país --y de ahí las 50.000 viviendas que hay cerradas en Cantabria-- no se va a arreglar", ha afirmado Media.

Además, ha explicado que el problema de la okupación también afecta al parque público de vivienda de Cantabria.

En este sentido, ha indicado que aproximadamente un 20 ciento de viviendas, tanto del Ayuntamiento de Santander como de Gesvican, que pertenecen al parque público, están okupadas o inquiokupadas sin que se pueda hacer "nada" ni ponerse a disposición "de aquellos que la necesitan y se lo merecen y van por los cauces ordinarios de la Administración".

"Aquí la legislación española lo que hace es defender al que no cumple la ley", ha insistido en criticar.