Los cinco ediles del PRC y PSOE de Ribamontán se acogen a su derecho a no declarar ante el juez

SANTANDER, 21 (EUROPA PRESS)

Los cinco concejales del PRC y PSOE de Ribamontán al Monte citados este martes a declarar ante el titular del Juzgado de Primera Instancia a Instrucción número 2 de Santoña, como investigados por presunta prevaricación, se han acogido a su derecho a no declarar.

Están siendo investigados por el pago de facturas entre 2016 y 2017, al parecer en contra de los informes de la Intervención, y dentro del proceso abierto también contra el alcalde, el regionalista Joaquín Arco, tras una denuncia del PP.

El magistrado que instruye la causa había citado entre las 9.30 y las 11.30 horas a los regionalistas Lidia Ruiz Llanos, Raúl Fermín Ruiz Sánchez, Fernando González Mazas y Mercedes Fernández Pérez, y al socialista Jesús García, y todos ellos han declinado contestar a las preguntas formuladas.

El Partido Popular se querelló contra el regidor al entender que los abonos de las facturas en cuestión, por valor de casi 20.000 euros, se efectuaron en contra de los informes de la Intervención y a pesar de los reparos de ilegalidad de la secretaria-interventora municipal. Así, en febrero de 2018 presentó una querella contra el primer edil, que a juicio de esta formación "levantó los reparos sin subsanarlos".

Por la querella -extensible a los cuatro concejales del PRC y al edil socialista que también votaron a favor del levantamiento de las advertencias de ilegalidad y que están ahora citados a declarar- el regidor declaró como imputado en noviembre de 2018 ante el Juzgado de Instrucción 2 de Santoña.

FACTURAS

La denuncia hace referencia al pago de cuatro facturas, de las que dos corresponden al abono de casi 4.000 euros en concepto de honorarios a abogados para la defensa del alcalde, la teniente de alcalde y una extrabajadora en un procedimiento penal.

Las otras dos tienen que ver con el pago de 7.260 euros a una consultoría jurídica por un informe de expropiación forzosa, cuando esa evaluación ya había sido realizada por la jurídico municipal, y al pago de 8.000 euros a una consultora por un trabajo relacionado con los puestos de trabajo del Ayuntamiento.

Además, también hay reparos de la interventora en relación al cambio de puesto de trabajo de la coordinadora del Centro de Comunicaciones y de la contratación del aparejador municipal, de la abogada municipal y del servicio informático sin seguir el procedimiento.

Todos los investigados, a excepción de Lidia Ruiz, que dimitió del cago, siguen formando parte del equipo de gobierno de Ribamontán al Monte esta legislatura.