El MITECO se personará en la causa de El Bocal tras ser investigados dos funcionarios de Costas
La Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha decidido personarse en la causa abierta por la tragedia de El Bocal, en la que fallecieron seis jóvenes el 3 de marzo, después de que dos funcionarios de la Demarcación de Costas en Cantabria han pasado a tener la condición de investigados, con el objetivo de tener acceso a toda la documentación.
Así lo ha anunciado este martes el delegado del Gobierno, Pedro Casares (PSOE), a preguntas de la prensa una hora después de conocerse que la jueza que instruye la causa ha acordado dirigir acción penal contra el jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria, José Antonio Osorio, en calidad de director de Obras del proyecto de la senda costera de 2014, al que pertenece la pasarela siniestrada, y contra el jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación.
Y es que la magistrada considera que es la administración central "la única responsable de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento" de la pasarela siniestrada el pasado 3 de marzo en la costa de Santander.
En el auto, y tras analizar la documentación aportada por las partes, la instructora concluye que las obras de ejecución de la senda peatonal, de la que forma parte la pasarela siniestrada, "en modo alguno han finalizado".
Y es que dado que "son obras no finalizadas ni, por ello, recepcionadas por el Ayuntamiento de Santander", señala que la Demarcación de Costas era y es "la única responsable de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento de tales unidades de obra, entre ellas, la pasarela objeto de autos".
Casares ha señalado que se trata de un "auto inicial" y que la obra fue "ejecutada y encargada" gobernando el PP en España y en el Ayuntamiento de Santander. "Insisto en esa idea porque es que parece que ahora, aunque otros ocupen otras responsabilidades, no lo decidieron ellos", ha dicho.
El socialista ha expresado su "máximo respeto al procedimiento judicial para esclarecer todos los hechos y toda las responsabilidades, sean de quien sean".
"Queremos que se sepa toda la verdad hasta el final, por respeto a las víctimas de El Bocal y a sus familias y que se depuren todas las responsabilidades", ha subrayado.
Según ha defendido, estas responsabilidades "no pueden recaer solo en personas concretas", como la agente de la Policía Local que, tras recibir un día antes del suceso el aviso del 112 de que un vecino había alertado del mal estado de la pasarela, no realizó ninguna gestión ante la incidencia, o ahora sobre el técnico que diseñó las pasarelas.
El delegado del Gobierno considera que, tal y como, según ha dicho, afirmó el secretario de Estado de Medio Ambiente, la responsabilidad en esto es "de las dos administraciones" (de Costas y del Ayuntamiento de Santander).
"Yo no lo dudo, yo no lo esquivo como quisieron hacer otras", ha afirmado Casares, en una aparente alusión a la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP).
El delegado ha indicado que tendrá que ser la justicia, cuando termine todo el procedimiento judicial, la que diga "cuáles son las responsabilidades de unos y de otros".
En cuanto al papel del Ayuntamiento, Casares ha afirmado que es "la responsabilidad de garantizar la seguridad en todo el municipio". "Esto lo sabe cualquiera, es una competencia municipal", ha aseverado.
Al respecto, la magistrada señala en el auto que, aunque el mantenimiento corresponda a Costas, "el Ayuntamiento de Santander ostenta la llamada potestad de policía administrativa en materia de seguridad en espacios accesibles al público" y "detectado un riesgo debe proceder a acotar, señalizar o precintar el mismo, aunque la infraestructura afectada corresponda a otra administración, más aún en el supuesto de autos, donde el Ayuntamiento promovía o incluía la zona en rutas turísticas o senderos".
Cuestionado acerca de si el Ministerio va a tomar algún tipo de medida contra los dos funcionarios de la Demarcación de Costas investigados en tanto se resuelve el proceso judicial o si cabría posibilidad de una suspensión, Casares ha afirmado que lo desconoce.
"Entiendo que el Ministerio analizará todo y hay tiempo para que en las próximas horas o días se tomen las decisiones que se consideren oportunas", ha indicado.
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