El Gobierno instalará 250 cámaras de seguridad y vigilancia en centros de salud

El Gobierno de Cantabria ha aprobado este jueves el contrato para el suministro e instalación de 250 cámaras de videovigilancia y el servicio de gestión y control en centros de salud y consultorios rurales del Servicio Cántabro de Salud (SCS), con un presupuesto base de licitación de 240.394 euros.

El objetivo es dar seguridad a las personas, los bienes e instalaciones en todos estos centros e inhibir las conductas violentas hacia los profesionales sanitarios, así como proteger estos espacios de ataques vandálicos, En un plazo de 12 meses se desarrollará una primera y segunda fase de suministro e instalación de hasta 250 cámaras. En la primera, se instalarán 64 en los centros de salud y 112 en los consultorios rurales, y en la segunda otras 74. A partir de ahí, el contrato incluye el servicio de gestión y control de videovigilancia durante 21 meses.

La aprobación de este contrato es uno de los puntos que ha abordado el Consejo de Gobierno en su reunión de este jueves, en la que también se ha dado luz verde a la convocatoria de subvenciones para contribuir a la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros y mercancías por carretera, enmarcadas en el Plan de Recuperación y Resiliencia y dotadas con 1,3 millones de euros; y al decreto de ayudas a empresas y autónomos del sector de la panadería, bollería y pastelería para compensar el impacto de la guerra en Ucrania, que ascenderán a 6.000 euros por empresa y autónomo, con la previsión de llegar a 200 beneficiarios.

Asimismo, la Consejería de Economía ha informado al Consejo que abonará hoy a los ayuntamientos los 17,2 millones correspondientes al Fondo de Cooperación Municipal, cuya dotación ha crecido respecto a años anteriores, como ha destacado el vicepresidente, Pablo Zuloaga, en la rueda de prensa que ha ofrecido para dar a conocer los acuerdos aprobados.

Además del contrato para la instalación de cámaras en los consultorios, en materia sanitaria también se ha autorizado un contrato para el mantenimiento y evolución de las aplicaciones del SCS (Proyecto DEVA), con una vigencia es de 36 meses y dos posibles prórrogas de un año cada, y con un valor estimado de 33,4 millones de euros, incluidas esas prórrogas.

También se ha aprobado un convenio con el Instituto Nacional de la Seguridad Social para realizar actuaciones conjuntas relacionadas con los trabajadores afectos de patologías derivadas de la utilización laboral del amianto.

El objetivo es realizar el seguimiento y valoración de la afectación de las personas que han estado en contacto con fibras de amianto en el desarrollo de su actividad laboral con sospecha de tener patologías. Para ello, está prevista la constitución de un grupo de trabajo formado por expertos de ambas administraciones, que coordinará el seguimiento de los trabajadores y el intercambio de información, además de revisar la tipología de las pruebas diagnósticas y los informes de especialistas.

CESE DEL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS

Por otro lado, se ha tramitado el cese del director general de Obras Públicas, Manuel de Jesús, que presentó su dimisión junto al consejero, José Luis Gochicoa, por la supuesta trama de contrataciones irregulares en el Servicio de Carreteras. No obstante, Zuloaga ha indicado que por ahora no se ha nombrado a ningún sustituto.

Entre otros asuntos, se ha dado luz vezde al cambio de denominación del Colegio Oficial de Enfermería por la de `Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Cantabria`, a petición de este órgano para adaptar su nombre "a la realidad social", resaltando que la profesión admite su denominación tanto en femenino como masculino.

Asimismo, se han concedido sendas aportaciones de 100.000 euros cada una para el mantenimiento y gestión de la Oficina de Proyectos Europeos y la Sociedad Gestora Interreg Espacio Sudoeste Europeo, y se ha nombrado a la directora general de Juventud, Marina Bolado, como miembro del patronato de la Fundación Fondo Cantabria Coopera.