El Gobierno de Cantabria aprueba un acuerdo marco para derivar pacientes que necesiten protonterapia

El acuerdo cuenta con un presupuesto base de licitación de 2,1 millones de euros, tendrá una vigencia de dos años y contempla dos posibles prórrogas de hasta 12 meses cada una, según ha informado el Ejecutivo.

Y es que, según ha detallado, en los últimos tres años se han tramitado en la región diversas resoluciones de emergencia con el fin de satisfacer las necesidades asistenciales de varios pacientes que, a criterio clínico, precisaban del tratamiento de protonterapia. Ahora, el contrato que derivará de este acuerdo pretende paliar dicha forma de contratación hasta que el Servicio Cántabro de Salud disponga de dicha técnica.

Un técnica que está incluida en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, enmarcada el servicio de radioterapia, pero para determinar su aplicación se recomienda contar en cada comunidad con una Comisión Interdisciplinar integrada por oncólogos radioterápicos, oncólogos médicos, pediatras, radiofísicos y otros profesionales para valorar las posibles solicitudes de este tratamiento.

Cantabria cuenta ya con esa Comisión Interdisciplinar de Protonterapia, creada mediante resolución de 1 de julio de 2022, y adscrita a la Subdirección de Asistencia Sanitaria del Servicio Cántabro de Salud. Además, desde junio del pasado año, está aprobado el reglamento de funcionamiento de dicha comisión.

Con este acuerdo, el Gobierno impulsará un contrato para la prestación de ese servicio a pacientes que lo requiera a juicio clínico pero evitando la contratación mediante resoluciones de emergencia que se ha utilizado en los casos que se han dado en los tres últimos años.

El Ejecutivo recuerda que, pese a que la protonterapia está incluida en la cartera de servicios del SNS, "en la actualidad tampoco se dispone de esta técnica en ningún centro" del sistema público; de ahí que el acuerdo aprobado sea tanto para la selección de proveedores del servicio como para a fijación de precios.

En este sentido, indica que, a efectos del establecimiento del precio unitario máximo por sesión, se han considerado aquellos procedimientos categorizados como más complejos, resultando que aquel importe más elevado está determinado por el número de sesiones de tratamiento o por la existencia de otros criterios de complejidad del procedimiento.

Por otra parte, dependiendo del tipo de complejidad apreciada, los precios pueden ser diferentes, razón por la cual los licitadores, en su oferta económica, deberán de precisar según el tipo de terapia a realizar el importe máximo a aplicar en cada una de ellas. La elección entre uno u otro tipo de tratamiento es de índole estrictamente clínico.

No obstante, será con la adjudicación de los contratos cuando se determinará el precio exacto del tratamiento, tras consultar a los adjudicatarios clasificados cuál es la cuantía a aplicar en el procedimiento a realizar según el tipo de complejidad y/o patología del paciente.

Por ello, el Gobierno cántabro ha considerado que la licitación de un acuerdo marco constituye la mejor forma de proveer la prestación de dicho servicio, por cuanto se trata de una forma de racionalización de la contratación que permitirá a los órganos periféricos vinculados, en uso de sus competencias contractuales, la adjudicación de contratos basados.

"Esto supondrá un ahorro en el coste de tramitación, una mayor transparencia y agilidad. Asimismo, permitirá una homogeneización en las prestaciones que redundará en favor del servicio público", ha apuntado el Ejecutivo.