Semana trágica

Juristas, expertos en violencia de género y diferentes asociaciones,  vienen alertando de que la ley, con la que se pretendía proteger a las víctimas, necesita reformas urgentes. Como en este país se legisla a golpe de conmoción popular ante la última tragedia, puede que el asesinato de tres niñas lleve, por fin, a que el Gobierno se tome en serio la regulación con  la explicita prohibición de las visitas a los padres acusados de maltratar a sus familias.

Ha sido en las escasas dos horas que le correspondían de encuentro con sus hijas, cuando el loco asesino de San Juan de la Arena les ha quitado la vida con una brutalidad salvaje. También la niña dominicana asesinada con su madre, y encontradas en Zamora, había presenciado  demasiados golpes y el agresor no quiso dejar testigos de su ignominia.

Porque los hijos de padres violentos no solo corren el riesgo de seguir el destino fatal de sus madres. Antes, durante toda la infancia, asisten impotentes a las amenazas, los golpes y las vejaciones que conforman su ambiente familiar. Al margen del riesgo físico del encuentro con un progenitor peligroso, no hay que olvidar el daño sicológico. ¿Qué  terror no sentirá un niño o una niña de quedarse a solas con quien sabe que ha matado a su madre o la maltrata?

Como el reciente caso de un guardia civil, preso por el asesinato de su pareja, al que un juez concedió permiso penitenciario para ver a su hija que había presenciado el crimen. El escándalo fue de tal calibre que se revocó el permiso,  pero cabe preguntarse cuántos casos como este se producen cada mes y cuántos niños están pasando por semejante castigo.

La ley integral contra la violencia de género, considerada puntera en su momento, iba acompañada de una dotación económica que permitiera a las víctimas escapar del infierno en casas de acogida o disponer de protección policial. Los recortes, que se han llevado por delante tantos derechos sociales, han alcanzado también a las mujeres que necesitan apoyo para salir adelante con sus hijos lejos del agresor.

Si, a la merma del soporte económico, se le suma la desaparición de la asignatura de Educación para la Ciudadanía que trataba de formar a los jóvenes en la igualdad, el resultado no puede ser más que un retroceso en los derechos y libertades de las mujeres. Las estadísticas son demoledoras: crecen las denuncias por violencia machista y un porcentaje altísimo de adolescentes considera que la función de las mujeres consiste en ser madres y limpiar la casa.

 No hemos avanzado nada.