La gran paradoja.

La carta dirigida a Patxi López, negando la existencia de una relación de confianza entre el Gobierno en funciones  y el Congreso de los Diputados (y Diputadas), para oponerse a la comparecencia del ministro de Defensa, Morenés, con objeto de dar cuenta de los acuerdos que mantuvo en Bruselas con sus homólogos de la OTAN, supone, de ser acorde con la ley, una clara paradoja. Porque implicaría, de facto implica, que un Gobierno  en funciones -o sea, un Gobierno provisional- tiene más libertad e independencia que un Gobierno definitivamente constituido.

Porque el caso de Morenés es extrapolable a todas y cada una de las reclamaciones de comparecencia que el Legislativo dirija al Gobierno. Menudo chollo para Rajoy; así se entiende su falta de prisas a la hora de llegar a acuerdos que conformen  un nuevo Gobierno.
El caso es que el Gobierno basa su decisión en un informe de la Secretaría de Estado de las Cortes en el que asegura que el sometimiento del  Ejecutivo en funciones al control parlamentario supondría un "fraude de Constitución", ya que sin relación de confianza, el control solo puede ser ejercido por órganos jurisdiccionales; o sea, por los jueces.
Hay informes, como el de la Secretaria General del Congreso, que contradicen o, cuando menos, matizan lo anterior.

Pero, lo cierto es que la postura del Ejecutivo resulta difícil de entender. Sobre todo ante cuestiones que crean un auténtico estupor ciudadano.
El ejemplo más preclaro de la estupefacción es el de la postura de Mariano Rajoy ante el pacto alcanzado con Turquía para la inhumana devolución de los refugiados. Algo que repugna a los españoles de bien, y por lo que se debería tener muy en cuenta la postura de las diversas sensibilidades representadas en el Congreso, a la hora de ratificar, o no, los acuerdos que se adopten en el Consejo Europeo los próximos días 17 y 18 de marzo.
Acuerdos que podrían violar el derecho internacional de asilo, la Constitución Europea y las propias leyes españolas al respecto.

Este pasado viernes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta en funciones, Sáenz  de Santamaría,  aseguró, de manera un tanto ambigua, que el Ejecutivo "buscará consenso" con los grupos parlamentarios en torno a la posición de España frente al antedicho asunto. Y en esa línea, señaló que "queda mucho trabajo por hacer, por lo que manifestar ahora la posición de lo que puede resultar después  es un poco precipitado". Y ha terminado afirmando que el Gobierno enviará a las Cortes al Secretario de Estado para las relaciones con la UE.

El tema merecería, sin duda, mayor talla en la representación. Pero precisamente talla es lo que está faltando.

En fin, no cabe la menor duda de que la postura del Gobierno en funciones del Partido Popular, y fundamentalmente de su presidente, Rajoy, constituye una enorme paradoja que, una vez más, pone de manifiesto la que fue una actitud  repetida a lo largo de la pasada legislatura, y por la que ningún grupo está dispuesto a pactar con él: su sistemática negativa a dar cuentas de  nada.