Fondo de reserva de la Seguridad Social

Todos los gobiernos, sin excepción, desde el año 1982 –aunque resulte cansino reiterarlo–, han metido su larga, y ancha, mano en la Caja de Pensiones, mínimo dos veces al año, para hacer frente, tanto a pagos ordinarios como extraordinarios, que llaman muy elocuentemente rescate, exprimiendo la hucha como es el caso de subida de sueldos tras cualquier huelga de empleados públicos de algún ministerio, sin contar que, si se avecinan uno o cuatro comicios en el horizonte, lo ahorrado puede echarse a temblar, sin que ninguna mediana autoridad, de oficio, declare que se trata de una sinvergoncería, un delito, aunque político, con lo que se tapan abusos contables en una gestión que, si se tratara de un examen académico, sin duda, no pasarían de la nota insuficiente con derecho a repetir el siguiente curso, y así eternamente.

Nadie, hasta ahora, ha sido capaz de frenar esta rapiña que afecta, de hecho, a todos los pensionistas del Régimen General de la Seguridad Social –a los que se sigue reteniendo IRPF como si fueran trabajadores activos–, pues se dilapida el porvenir de muchos, mientras responsabilizan de su mala administración a los contribuyentes, ellos que no pasan ni pasean ante esta Caja que exige una reforma, en este caso excepcional, cuando menos, y para comenzar, por la cima de la pirámide social, es decir, atando muy corto a los políticos, observándolos como si se trataran de transgresores, para que aterricen, y pisen tierra, sin distorsionar la realidad cotidiana que pretenden tramitar, y que no saben.

Está comprobado que, en dos ocasiones recientes, ambas con gobiernos de signo político opuesto, los Presupuestos Generales del Estado son papel mojado, como cuando tiraron del 5% del sueldo de los empleados públicos (2010), aún no recuperado; o bien de la paga extraordinaria de Navidad (2012), devuelta sin intereses. A lo que, cada cierto tiempo, cacarean que, en breve, no habrá pensiones, sobre todo para aquellos que contribuyen con su trabajo, claro, porque malgestionan la Hacienda Pública. Y tan oreados.

Si las pensiones actuales no contributivas, viudedad, orfandad, etcétera, se pueden extraer de los Presupuestos Generales del Estado, y no de cotizaciones sociales, ¿de dónde se pretende recortar y de dónde se va a conseguir el dinero?, pensando que las fuentes de financiación sólo pueden ser vía impuestos y, en esto, los contribuyentes andan sobrados.

Obviamente, por lo pronto, ampliar los impuestos es una barbaridad, ya que todos los trabajadores españoles, con nómina, pagan anualmente a Hacienda, entre impuestos directos e indirectos un 70-80%, un mínimo de seis meses al año. Los políticos que no han cotizado ni cotizan desde tiempo inmemorial, y para que nadie ajeno a nuestras fronteras se ría de nosotros por culpa de nuestros representantes, lo mejor es reformar, y adecuar en la cotización al I.R.P.F. y a la S.S., sin reducir, acorde con los sueldos, prebendas, privilegios, pensiones, tarjetas de los casi quinientos mil políticos (entre diputados, senadores, parlamentarios autonómicos, europarlamentarios, alcaldes, concejales, diputados provinciales, etcétera). Y lógicamente su pensión situarla acorde con los años cotizados, y sin ninguna diferencia, como el resto de los trabajadores españoles.

En todo político, gracias a su bipolaridad neuronal, se nota que su discurso tiene un antes y un después de cualquier consulta electoral achacable a sus ocurrencias. Ante estos hechos se debería proponer que alguien con visión futura –no un cuatrienio ni dos–, debería blindar el dinero de Sanidad y de la Seguridad Social por el bien de los trabajadores españoles.