La “Ley Celaá” ahoga la libertad, por Jesús Salamanca Alonso

Desde el año 1996 vengo escuchando hablar de la necesidad de un pacto social por la educación. Cada partido mayoritario lo ha planteado cuando le ha convenido, pero nunca hubo acuerdo. El más empeñado en ello fue Alfredo Pérez Rubalcaba. Sin pacto, las leyes partidistas y sectarias serán el pan nuestro de cada día. Hoy por hoy veo muy difícil ese pacto por la orientación educativa que defienden los dos partidos mayoritarios. La verdad es que hacerlo de cara a la galería sería un error de bulto.

Echemos un vistazo a la actualidad. Isabel Celaá, todavía ministra de Educación y Formación Profesional, ha impuesto una ley sin consenso de ningún tipo. Lo peor de todo es que ni siquiera ha habido diálogo, que es lo peor que se puede achacar a un político y a un ministerio. Por eso nace fracasada y contestada socialmente; no hay más que ver lo sucedido el domingo en toda España. No dejen de poner en relación las grandes manifestaciones de la comunidad educativa y la fuerte contestación de ésta con el “Aló, Presidente” llevado a cabo por Pedro Sánchez.

Confieso que a buena parte de la ciudadanía le pilló con el pie cambiado ese discurso desnortado, descoordinado  y traicionero. Sí, digo traicionero, porque los presidentes de las comunidades autónomas han montado en cólera; es decir, se han enterado por la prensa, como decía Felipe González en los años de fuerte corrupción. Hasta Íñigo Urkullu se ha sentido contrariado: “No entiendo al presidente del Gobierno central”. Pedro Sánchez intentó una larga cambiada para que no se hablara de las manifestaciones contra la LOMLOE, pero no lo pudo evitar, es una actitud secundaria para tapar temas de calado social. Y lo hizo con el tema central de las vacunas: ni siquiera Europa ha asignado el número ni el procedimiento ni el momento. Hasta en eso miente, como mintió sintiéndose “uno de los líderes del G20”, cuando España es invitada, sin más.

Tiempo tendremos de entrar en el tratamiento de temas como bachillerato, profesorado, materias troncales y optativas, centros concertados, evaluación cognitiva, Inspección educativa o educación especial o escuelas concertadas, por citar algunos. Tras toda la mañana estudiando los cambios, no hay nada destacable en positivo y que contribuya a la mejora de la calidad educativa. Sobre el fondo hay muchas telas que cortar. Algo muy curioso es que, sin querer, la deficiente redacción de la ley lleva a uno a pararse en la forma: me ha sorprendido el lenguaje plagiado de otras leyes y el destructivo lenguaje inclusivo que impide leer con agilidad y limpieza. Hay apartados de la LOMLOE que parecen más una parodia del humorista, José Mota,  que lenguaje legislativo propiamente dicho. Créanme que es de risa, mofa y despendole permanente.

Hay en la red un documento de la LOE de 2006 con las modificaciones añadidas y éstas aparecen en amarillo para destacarlo, de forma que el lector pueda comprobar qué es lo que se ha introducido. En algunas páginas solo hay una palabra añadida: si la LOMCE redactaba como manda la RAE, la LOMLOE ya digo que es una parodia del lenguaje sexista que no “inclusivo”. Es tremendamente aburrido, y hortera diría yo, repetir constantemente “alumnos y alumnas”, “niños y niñas”, “ciudadanos y ciudadanas”, “profesores y profesoras”. Han sido incapaces de introducir el genérico, como suele recomendar la RAE. No deben saber que existen vocablos como alumnado, profesorado, ciudadanía. Existe una norma que sí permite utilizar “niños y niñas” cuando algo los afecta o repercute de forma diferente.

La mayoría del Gobierno ha acudido a la escuela privada y alguno más joven a la concertada, pero faltaron a clase el día que se explicó que el uso del masculino genérico es un mecanismo inclusivo. El uso genérico del masculino gramatical es un mecanismo inclusivo de la lengua para referirse a colectivos formados por hombres y mujeres. Eso de confundir lenguaje con sexismo empieza a molestar cada vez más. “Sin dejar de luchar contra el sexismo lingüístico, que existe, se puede ser feminista sin intervenir de forma artificial en el lenguaje”, en palabras de Elena Hernández, directora del departamento de “Español al día” de la Real Academia Española.

La “Ley Celaá” repite hasta la saciedad los conceptos de calidad y equidad, pero los utiliza mal. Ya en el Preámbulo empieza a hacerse infumable la lectura y la redacción, prueba de que no es una ley seria sino una relectura o repaso de algo existente. Su propio nombre ya nos pone sobre aviso: Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación, refiriéndose a la LOE. Me sorprende que se haga alusión al derecho a la educación pública cuando ni siquiera existe ¿De dónde han sacado estas “acémilas” y esos gaznápiros tal derecho? Desde luego en la Constitución no está.

Por favor, que alguien preste una Constitución de bolsillo a los brutos asesores del ministerio de Educación y Formación Profesional para que relean el artículo 27. Ahí sí se alude al derecho a la educación, a la libertad de enseñanza y a la participación de la comunidad educativa. Posteriormente se desarrolló el derecho a la elección del tipo de enseñanza, lo que lleva implícito la libertad de elección de centro. Con la “Ley Celaá” van a ser relegados los colectivos más desfavorecidos de la sociedad. Por cierto, no desaparece la educación especial, sino que la ley aspira a un cambio de modelo y va hacia lo que ya fracasó en la LOGSE. La experiencia de esa ley tan dañina parece haberse olvidado. ¿Por qué implantar un sistema que iguala a todos por abajo, no fomenta la excelencia y tampoco consagra el esfuerzo?

Si no paramos ahora la LOMLOE, comprobaremos que los más damnificados serán los jóvenes, que carecerán de una formación adecuada y adaptada al futuro tecnológico. Estaremos ante un problema con muy graves consecuencias: el paro juvenil puede convertirse en endémico. En fin, la LOMLOE romperá el equilibrio de contenidos que otras leyes desarrollaron. Menos mal que el profesorado sabrá “limarla” y “espulgarla”, como hemos hecho con todas.

Otro día hablaremos de cómo la LOMLOE legisla contra la libertad y los derechos de los padres; el castellano como lengua vehicular; el empujón favorable al independentismo; el ataque ideológico; la estigmatización de la escuela concertada; los criterios de clasificación y reparto del alumnado; el atentado a la libertad para elegir la tipología de centro, etc. Los ataques a la libertad son tan duros que enfrente de esa ley se han situado formaciones tan variopintas como nacionalistas vascos y catalanistas, bilduetarras, Vox, Cs y PP. Cuanto antes se entierre la ley de Isabel Celaá, mejor y menos daño se hará a la ciudadanía, en general, y a niños y jóvenes, en particular.